Entre las modificaciones que se le introdujeron a la Ley Bases en el Senado, hay dos que encierran potenciales beneficios para Catamarca: la elevación del techo habilitado para las regalías mineras del 3 al 5% del valor boca-mina y el fomento al desarrollo de cadenas de producción locales vinculadas a los emprendimientos que se amparen en el controvertido Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
La suba de dos puntos del monto autorizado para las regalías se operó vía reforma de la Ley de Inversiones Mineras sancionada a principios de la década del ’90, que fue la piedra angular para el inicio de la megaminería en la Argentina, con el emprendimiento pionero, Bajo La Alumbrera, radicado en Catamarca.
No sin controversias, esa norma impulsada por el menemismo, a la que Catamarca, gobernada por el FCS, adhirió rápidamente, redujo el techo que regía hasta entonces, que era del 10%. Más adelante se desató una intensa y extensa discusión sobre la definición de la base sobre la que debía calcularse. Es decir: qué debía entenderse por valor-boca mina.
El porcentaje era exiguo, pero en el caso de Bajo La Alumbrera la provincia recibió una renta muy superior a la de las regalías a través de las utilidades de la explotación, en la que estaba asociada en un 20% con YMAD.
La suba de dos puntos no cambia demasiado las cosas, se dirá, pero da mayor margen de negociación a las provincias propietarias de los yacimientos para fluctuar en el porcentaje que perciban por tal concepto a cambio de otras condiciones. Los fideicomisos conformados en Catamarca para blindar la renta del litio, por ejemplo, ingresan más del 3% porque a las regalías se sumaron otros conceptos.
En lo que concierne al RIGI, el ala libertaria se vio obligada a aceptar reformas importantes para poder sacar el dictamen y aún falta no solo el tratamiento en el Senado sino también el nuevo debate en Diputados, donde el proyecto regresará debido a las modificaciones.
El sistema establece importantes beneficios fiscales a las inversiones superiores a los 200 millones de dólares. La principal objeción que se le hacía pasaba por los perjuicios que podía acarrear a los actores económicos nacionales.
Por presión de los gobernadores de las provincias mineras, Raúl Jalil entre ellos, se sumó un inciso para limitar el espacio de maniobra para la importación de bienes y servicios, con el propósito de resguardar a los proveedores locales.
También se eliminó la posibilidad de que las compañías que se acojan al régimen puedan girar dividendos y utilidades libremente al exterior a partir de los tres años.
El resto que los estímulos se mantienen, incluidas la excepción para pagar derechos de exportación y la reducción del impuesto a las Ganancias.
Obviamente, el RIGI continúa generando inquietud en diversos sectores, pero ha recibido el respaldo de las provincias mineras y petroleras, que ven en él una chance importante para el desarrollo de sus potenciales. La Mesa del Litio, compuesta por Catamarca, Jujuy y Salta, respaldó la propuesta y también la flamante Mesa del Cobre, que sumó San Juan y Mendoza a esos tres distritos en un acto que contó con la presencia del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
Si bien otorga ventajas indudables a las inversiones internacionales, desde otra perspectiva el RIGI representa una oportunidad para quienes estén dispuestos a insertarse en los emprendimientos.
También es un desafío para el sector público en lo que concierne a la administración e inversión de los recursos provenientes de los emprendimientos, que en casos como el de la minería son finitos. Aprovecharlos para establecer condiciones propicias a actividades más sustentables en el tiempo debe ser un objetivo de primer orden en tal sentido.