martes 23 de julio de 2024
Editorial

Cajas de la política y Estado presente

Para justificar el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) sobre 105 existentes, el Ministerio de Justicia de la Nación que conduce Mariano Cúneo Libarona emitió un comunicado que se titula “Se cierra otra caja de la política”. En el escrito, sostiene que los CAJ le “costaban a los argentinos más de 8 mil millones de pesos por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más”.

La simplificación del argumento es notable, pero consistente con el discurso oficial de relacionar a la actividad del Estado como un “gasto para los argentinos” usufructuado por dirigentes políticos.

Las cajas de las políticas han existido siempre y siguen existiendo. Y es preciso acabar con ellas para que los fondos públicos cumplan una función social. Pero no se hallan precisamente en este tipo de oficinas que le prestan un servicio a los sectores sociales de mayor vulnerabilidad, como cualquier ciudadano habrá podido constatar si visitó alguno de ellos antes de su desfinanciamiento y posterior cierre. El propósito de cerrar estos centros es meramente fiscalista, más allá de los fundamentos erróneos que se brinden.

Los CAJ son espacios multidisciplinarios de atención legal y social gratuita, que están en barrios vulnerables o zonas rurales donde no hay casi presencia del Estado. Se trata de ámbitos que le permiten a poblaciones de bajos recursos o con restricciones en el acceso a derechos informarse y gestionar, con la ayuda pública, trámites vinculados a la seguridad social, familia, trabajo y documentación. En algunos lugares del vasto territorio nacional son la única presencia del Estado para asistir a los ciudadanos. De modo que el cierre de estas oficinas deja desguarnecido a un sector social con notorias necesidades.

Otra consecuencia inmediata de esta medida es la recarga de tareas al Poder Judicial, que ya de por sí tiene recursos –humanos y económicos- escasos, pues los CAJ cumplen funciones de mediación que evitan la judicialización de conflictos de menor envergadura.

Contrariamente al discurso oficial, los Centros de Acceso a la Justicia forman parte de una política pública de bajo costo y alto impacto.

Ezequiel Álvarez, coordinador de la región NOA de los CAJ, los defiende enfáticamente: “El NOA tiene núcleos urbanos que, según la última medición del Indec, son los más empobrecidos, junto al NEA. Es decir, son lugares que exigen una presencia fuerte. Específicamente y en función de las estadísticas, las consultas que más se atienden en los centros son aquellas relativas al derecho de familia, al acceso a la documentación personal y al sistema de seguridad social, prioritario para un país con 50% de pobreza. En lo cualitativo los centros llevan adelante un trabajo de asesoramiento y acompañamiento legal y psicosocial que no lo hace ningún juzgado ni defensoría ni fiscalía”.

Los sectores más vulnerables, las poblaciones más aisladas, saben mejor que nadie el valor de contar con un Estado presente. Las cajas de la política son otra cosa y a esas sí hay que desactivarlas.

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