domingo 27 de noviembre de 2022

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Editorial

Bien restituido: reparación para las víctimas de los delitos

Una muy interesante experiencia que se viene desarrollando en Italia podría aplicarse también en Argentina...

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Una muy interesante experiencia que se viene desarrollando en Italia podría aplicarse también en Argentina, si es que prospera un proyecto de ley para administrar con sentido social y eficiencia los bienes que la Justicia le decomisó al crimen organizado en actividades como narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero o contrabando.

Según las estimaciones difundidas, el valor del dinero, inmuebles (casas, campos, talleres clandestinos), maquinarias y vehículos de todo tipo (autos, tractores, camiones, avionetas, etc.) decomisados en la Argentina es de varios cientos de miles de millones de pesos. El sentido común indica que si esos bienes no se administran y utilizan convenientemente, la acción del Estado contra las bandas criminales queda incompleta. Puede haber sentencia y condena, pero un resarcimiento incompleto para las víctimas.

El proyecto se denomina “Bien Restituido”, y es impulsado por el juez federal Sebastián Casanello, otros miembros del Poder Judicial y diversas organizaciones sociales, religiosas y sindicales. Y cuenta con el explícito aval del Papa Francisco. Una de las organizaciones que impulsa la iniciativa es Libera Argentina, una suerte de filial de Libera Italia, que tuvo gran protagonismo en la experiencia desarrollada en ese país europeo.

La idea es crear una agencia que administre los bienes incautados en acciones a favor de las víctimas directas del delito, pero con impacto en toda la sociedad. Los bienes son incautados en el momento del inicio de la acción penal, pero recién pasan definitivamente a manos del Estado con la sentencia condenatoria.

El proyecto ya ha sido consultado con los distintos bloques de ambas cámaras del Congreso, y hay una aceptación general. Las únicas reticencias se vinculan con la creación de una nueva estructura estatal para la administración de los bienes, pero las objeciones pierden fuerza si se considera que tal oficina no debería ser demasiado grande, y que el gasto sería ínfimo en comparación con los recursos que se incorporarían al erario público para su uso inmediato.

Para regular el destino de los bienes decomisados, actualmente rige una norma que tiene casi medio siglo y que consigna que se tienen que vender, pero se trata de un trámite engorroso y burocrático que no tiene eficacia práctica. La idea es aprobar una nueva ley que disponga de una utilización expedita de los bienes para beneficiar a víctimas. Por ejemplo, inmuebles para refugio de víctimas de trata o violencia de género. O para reforzar áreas clave de la administración del Estado, para lo cual se podrían entregar vehículos a las fuerzas de seguridad.

La idea medular del proyecto la planteó días pasados en una reunión que se llevó a cabo en la sede Cáritas con todas las organizaciones involucradas el juez federal Sebastián Casanello, en su calidad de asesor técnico-legal: “En cada caso, habrá un fiscal que investigue, un juez que dicte sentencia, pero con este proyecto se busca también que haya una reparación, pensando en que los bienes recuperados deben volver a la ciudadanía”.n

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