En octubre de 2022 el Gobernador aprobó un "convenio transaccional" pautado con Fiscalía de Estado que no cumplió.
En una nueva presentación al Poder Ejecutivo, el ex aspirante a Policía de la Provincia Matías Exequiel Restelli solicitó "audiencia urgente" con el gobernador Raúl Jalil, ante el incumplimiento de un convenio de reparación que el Poder Ejecutivo no ejecutó.
La nota fue presentada la semana pasada en Casa de Gobierno con el patrocinio de su abogado querellante Bruno Jerez y aún no se fijó fecha de audiencia.
Restelli es uno de los damnificados que en diciembre de 2016 sufrieron graves lesiones al ser sometidos a abusivas actividades físicas por parte de autoridades de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia.
La causa judicial derivó en la firma de un "convenio transaccional" con Fiscalía de Estado, a cargo de Marcos Rodolfo Denett, que fue aprobado por el Decreto N° 2564 del gobernador Jalil en octubre de 2022.
"El acuerdo contempla mi reincorporación a la Policía, en situación de retirado, reconociendo mi afección de salud como contraída en un acto de servicio", explicó el damnificado.
A nueve años de los graves episodios que casi le provocaron la muerte, consideró que el tiempo que pasó desde la firma del convenio hasta la actualidad "fue más que considerable", para que se cumpla.
"Es una demora por demás injusta que me genera un tremendo perjuicio en la salud y en lo económico porque yo no quise esto que pasó. No soy culpable de nada y por eso pido que se respete lo que firmaron", agregó.
"Ruego que me conceda una audiencia urgente con el único objeto de buscar una pronta y definitiva solución, tal como se prometió en el convenio que usted (Jalil) aprobó", añadió.
En la actualidad, Restelli vende sandwiches y hace viandas para poder mantener a su hija y a su esposa, y continuar con los tratamientos médicos que se iniciaron a fines de 2016.
Señaló que sufrió afección psicológica, aparte de los problemas físicos acarreados como consecuencia de la insuficiencia renal y las sesiones de hemodiálisis, entre otros tratamientos a los que debió ser sometido.
Paralelamente y en diálogo con El Ancasti, el abogado Jerez hizo hincapié en que desde la realización del convenio "solo hay procedimientos judiciales en la parte penal y civil que no llevan a ninguna parte".
"Por la gravedad de las lesiones, Restelli debió someterse durante dos años a tratamientos de diálisis y medicaciones y todo lo pagó en forma particular. Desde 2016 no puede obtener empleos, siendo que tenía otras aspiraciones para su vida que fueron cercenadas por la inactividad estatal", apuntó.
El expediente cuenta con decenas de informes médicos, algunos realizados por el Consejo Consultivo y Operativo en Prácticas Médicas, Sanitarias y Biomédicas del Poder Judicial de Córdoba.