Edgar Adhemar Bacchiani fue investigado por la Justicia Provincial en 2013, en el marco de una causa por tres hechos de estafa y defraudación, mediante el uso no autorizado de tarjeta de crédito (un hecho), todo en concurso real y en calidad de autor. Fuentes judiciales informaron que, en un principio, la causa fue instruida por la Unidad de Delitos Criminales y que hasta el momento los hechos que se le endilgan a través de esa imputación no habrían sido resueltos o aclarados.
Actualmente Bacchiani está alojado en el penal de Miraflores, procesado por la Justicia Federal de Catamarca por “intermediación financiera no autorizada” a tiempo que está imputado y es investigado por “asociación ilícita”, “estafa”, “lavado de activos” y “defraudación”. Paralelamente es investigado por la justicia ordinaria de las provincias de Córdoba y La Rioja por “estafas”.
El dato del expediente de 2013 fue presentado recientemente al juez federal Miguel Ángel Contreras por la querella a cargo de Martín Navarro y Diego Figueroa, y podría complicar la situación procesal del trader, debido a que se trata de una causa penal por estafas de hace 10 años atrás.
De verificarse que Bacchiani incurrió en ese delito, su situación procesal podría complicarse ya que las partes intervinientes solicitarían que se lo considere reincidente.
Escribana Córdoba Gandini
El fiscal federal Santos Reynoso apeló la resolución mediante la cual el juez federal Miguel Ángel Contreras rechazó el pedido de detención de la escribana pública Joaquina Córdoba Gandini, que presentó el 7 de febrero.
El recurso fue presentado la semana pasada al juez, quien deberá resolver si hace lugar al requerimiento para que resuelva la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
En sus fundamentos, el fiscal aseguró que de continuar en libertad, “la escribana podría llevar a cabo maniobras tendientes al entorpecimiento de la investigación de la causa”.
Como en el pedido de detención hizo hincapié en que está imputada por presunta “intermediación financiera no autorizada agravada”, “estafa”, “lavado de activos”, “asociación Ilícita” y como “partícipe necesaria del delito de insolvencia fraudulenta, y la amenaza de pena que se cierne sobre el acusado nos ubica frente a la posibilidad cierta de una futura condena de cumplimiento efectivo".
