A tres años del femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada en la ciudad bonaerense de Rojas por su expareja, un policía de la provincia de Buenos Aires ya condenado a prisión perpetua, avanza el juicio político para destituir al juez que desestimó al menos 18 denuncias de la mujer contra su agresor, un proceso que fue catalogado por la madre de la víctima como "el último paso para hacer justicia". Es que el juez de Paz Letrado de Rojas, Luciano Callegari, enfrenta una denuncia de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires por "negligencia, incumplimiento en los deberes de funcionario público y ausencia de perspectiva de género" por sus actuaciones ante los pedidos de ayuda de Úrsula a la Justicia, según consignaron fuentes judiciales a Télam.
Dicho proceso se encuentra a la espera de que la Procuración bonaerense, cuyo titular es Julio Marcelo Conte Grand, reúna una serie de pruebas para determinar si el ente público se presentará o no como parte acusadora. "Los procesos de jury son largos, en el caso de Lucía Pérez se logró la suspensión de los jueces, pero pasaron casi cuatro años hasta que sucedió", explicó un vocero judicial a esta agencia, en referencia a la inhabilitación de los magistrados Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en noviembre de 2018 absolvieron a tres sospechosos por el femicidio de Lucía.
Por su parte, Patricia Nasutti, mamá de Úrsula mantiene la expectativa de que el juicio político contra Callegari se desarrolle en algún momento de 2024. "Si es desplazado de su cargo sentiría que terminé con la justicia de Úrsula. Al menos en los papeles. Terminaría con lo que le prometí a Úrsula en su velorio. Lo quiero tener cara a cara y siento que voy a poder cerrar algo", expresó.
