El fiscal rechazó los argumentos de la recusación planteada por el sindicalista, acusado de coacción.
El fiscal de la Cámara Criminal N°2, Augusto Barros decidió que no se apartará del proceso y que se llevará a cabo el juicio oral y público contra el exsecretario del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Walter Arévalo, imputado por “coacción agravada”.
Para Barros, la recusación en su contra planteada por Arévalo, es "una medida claramente dilatoria para el inicio del debate oral en donde no solo tiene garantizado las reglas del debido proceso, sino que además continúa inalterable el principio de inocencia".
Arévalo recusó a Barros con el argumento de que uno de los hijos del fiscal se desempeña como funcionario en la órbita de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Capital que conduce Alberto Natella, que es quien lo denunció.
Barros señaló que las funciones que desarrolla su hijo no tienen nada que ver con las que él tiene como fiscal y que la sentencia no depende del fiscal, sino de los jueces del tribunal.
"La obligación de ser imparciales es de los jueces. El acusador es una parte del proceso y en ese sentido el Ministerio Público Fiscal, garante del debido proceso desde su función, debe guardar relación con el principio de objetividad, pero no de imparcialidad", recordó Barros.
"Del escrito surge lo más grave, que es la pretensión de que los señores jueces, de probada solvencia técnica, subordinarán su altísima función a los designios que marque este Fiscal, porque toda la jurisprudencia citada vincula claramente los criterios de imparcialidad a la función de los jueces, no del fiscal, como se anticipó. De aquí se desprende indubitablemente que el presentante no cree en la probidad de los jueces frente al poder omnímodo que pretende imprimirle al Fiscal. Claramente no resiste el más mínimo análisis lo manifestado por el recusante", analizó el fiscal.
Para Barros, el planteo de Arévalo "no está vinculado a la presunta causal de recusación sino, más bien, a la repercusión pública que puedan tener".
El hecho que se le indilga a Arévalo ocurrió en agosto de 2020 cuando, según la investigación, el gremio municipal llevaba a cabo una protesta frente a la casa del secretario de Salud y Desarrollo Humano capitalino, Alberto Natella, y el gremialista habría coaccionado al funcionario y a su familia.
Si bien aún no hay fecha para la realización del debate oral y público, su defensa a cargo de Iván Sarquís, realizó dos planteos en esa Cámara.
Como por la escala penal que prevé el delito imputado se podría llevar a cabo un debate unipersonal, la defensa solicitó que se constituya un tribunal colegiado, es decir, que estén presentes los tres jueces de la Cámara: Luis Guillamondegui, Silvio Martoccia y Miguel Lozano Gilyam.
El segundo planteo fue la recusación de Barros, argumentando que el hijo del representante del Ministerio Público Fiscal es funcionario municipal y depende jerárquicamente de Natella -el denunciante-, por lo que podría haber un interés directo.
Advirtió además que Barros, cuando era diputado provincial, había cuestionado el proceder del gremialista.
