Se ha señalado varias veces en esta misma columna la necesidad de que los integrantes de las fuerzas de seguridad conozcan la legislación y la jurisprudencia existente a los fines de evitar caer en abusos y atropellos, arbitrariedades en el proceder basadas fundamentalmente en la ignorancia, aunque también en la ausencia de sentido común a la hora de proceder. En este contexto de análisis, abundan las noticias a nivel nacional sobre operativos, muchos de ellos violentos, contra usuarios de cannabis medicinal, que tienen autorización legal para cultivar, y certificado autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación. La mayoría de las veces esos operativos incluyen allanamientos y arrestos, ordenado por autoridad judicial competente, lo que torna más grave esos episodios. Si un policía tiene la obligación de conocer las normas vigentes, mucho más aún un magistrado en el ejercicio de sus funciones.
En Catamarca se produjo uno de estos procedimientos arbitrarios la semana pasada. Personal policial ingresó por la fuerza, rompiendo la puerta de ingreso de una vivienda, y, con armas largas, obligaron al propietario del inmueble a tirarse al suelo y lo mantuvieron esposado durante varias horas. La orden de allanamiento había sido dictada a partir de, supuestamente, una denuncia anónima que aludía a que en esa casa había plantas de marihuana. Por supuesto que las había, pero su existencia no era ilegal sino amparada por la ley. La ineptitud judicial y la brutalidad policial se conjugaron para el diseño de un operativo vergonzoso.
Las víctimas del atropello hicieron todos los trámites legales exigidos: estaban inscriptos en el Reprocann y tenían autorización del Ministerio de Salud para cultivar y transportar cannabis, como sus derivados. El Reprocann (Registro del Programa de Cannabis) es una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.
El Programa de Cannabis procura mejorar el acceso a quienes tienen indicación médica basada en la evidencia científica disponible, a un producto como especialidad medicinal; con formulación magistral; o que se origine en un cultivo controlado de la planta de cannabis realizado por los pacientes para sí, por terceros, o por una red de pacientes asistidos por Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Siempre, como el caso de los catamarqueños violentados días pasado, deben contar con la autorización del Reprocann y del Ministerio de Salud.
El episodio ocurrido en Catamarca quedó finalmente aclarado en el aspecto legal, pero la angustia vivida por las víctimas de este procedimiento irregular no se extinguirá fácilmente. Urge, en consecuencia, ponerle un freno a la arbitrariedad de los operativos basados más en prejuicios que en algún sustento legal. La concientización a veces no es suficiente, de modo que deberían estudiarse sanciones para los que incurren en estos atropellos absurdos.
