viernes 18 de noviembre de 2022

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Cara y Cruz

Atentado al funcionariato

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La condena judicial a la exministra de Seguridad Nilda Garré, por incumplir una sentencia establece un precedente significativo al imponerle el costo patrimonial de una decisión que tomó como funcionaria a ella y no al Estado.

Es probable que intente esgrimir pretextos políticos, debido a que el fallo favorece al Grupo Clarín defenestrado por el kirchnerismo, pero igual daría si el beneficiario fuera distinto: el caso es que deja a los funcionarios públicos expuestos responder personalmente por las consecuencias de sus arbitrariedades e ineptitudes.

En marzo de 2011, cuando se desempeñaba como ministra de Seguridad de la entonces presidenta Cristina Kirchner, Garré se negó a acatar una intimación judicial que le ordenaba “impedir cualquier bloqueo a la planta” impresora y distribuidora Arte Gráfico Editorial Argentino. Debido a su desacato, grupos políticos y sindicales consiguieron el 26 de marzo demorar la distribución de La Nación e impedir la salida de Clarín y Olé.

Garré fue condenada a pagar los costos de impresión por los ejemplares no vendidos y la ganancia dejada de percibir por la imposibilidad de comercializarlos: 2,14 millones de pesos, que con los intereses desde 2011 llegan a 21 millones.

El fallo, que revocó otro de primera instancia, fue dictado por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El cargo es inquietante: “negligencia grave”.

¿Qué sería de amplios sectores del funcionariato si el criterio de sancionar esta conducta se generalizara? Capaz que dejara de ser tan tentador agarrar cualquier canonjía si es que después se corre el riesgo de tener que echar mano hasta a los viáticos y cajas chicas para responder por la acostumbrada desidia.

La orden judicial de impedir bloqueos fue una cautelar dictada debido a que meses antes, en diciembre de 2010, otro piquete había trabado la distribución de la revista Viva.

Para Garré, se trataba de "un conflicto gremial” que no afectaba la libertad de expresión, la libre circulación de los medios de comunicación y el acceso a la información.

Según los camaristas, la entonces ministra debía cumplir con la medida judicial que "exigía el resguardo de dos inmuebles concretos y uno de esos estuvo desprovisto de protección policial alguna durante la jornada del 26.03.2011, en clara conculcación con los enfáticos términos de la tutelar inhibitoria y vislumbrando un obrar negligente, carente de las previsiones que exigían las circunstancias".

"No puede admitirse bajo concepto alguno la inacción o la falta de medidas. Es una omisión que revela un grado de negligencia incompatible con el cuidado que las circunstancias de tiempo y lugar le imponían en función de su cargo", consideraron los jueces.

Añadieron que los bloqueos previos "otorgaban cierto marco de previsibilidad orientador de la conducta a asumir" por parte de Garré.

Nótese lo peligroso de las consideraciones vertidas por los magistrados. La jurisprudencia Garré impacta en las bases mismas del sistema que garantiza la estabilidad administrativa del funcionariato.

Las eventuales proyecciones deben estar atormentando a más de uno que viene cobrando sueldo y adicionales sin preocuparse porque alguien vaya a reclamarle alguna vez por “inacción” u “omisión”, mucho menos por no considerar precedentes que le ofrecen “cierto marco de previsibilidad” para orientarse en el ejercicio de sus atribuciones, más allá de los puntos de referencia indispensables para acceder al cajero más cercano.

Cualquier pijindrillo estará en condiciones ahora de alegar el contenido de la funesta sentencia para exigir no solo responsabilidad, sino hasta el mismísimo desatino de la idoneidad.

Un verdadero despropósito que suma argumentos en favor de la necesaria reforma judicial. n

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