Ataque encriptado sobre el colapso

El voto de los cuatro fue desconocido por sus teóricas referencias políticas e institucionales con una excepción que refulge por su soledad: la Cámara de Senadores, donde Palacios cumplía funciones antes de ser designado, con acuerdo unánime del cuerpo, Fiscal de Instrucción Nº 2.

¿Comparten los senadores del oficialismo la absolución de su exempleado?

De ser así, el desempeño político de Vera fue de una eficacia destacable, pues consiguió revertir una destitución que parecía indefectible, no solo como respuesta a la conmoción social por el Caso Rojas sino también por los elementos que en el debate ratificaron las deficiencias en la apertura del expediente judicial.

El oficialismo es un avispero, donde nadie quiere quedar embadurnado por el incomprensible salvataje pero tampoco se atreve a una crítica rotunda a sus ejecutores ni a señalar a sus eventuales instigadores. No hay demasiadas alternativas: o Guerrero y Vera decidieron por la suya, como librepensadores, o fueron arietes de un sector que prefiere mantenerse oculto.

Bandos

Los fundamentos de la absolución se conocerán en un par de semanas, pero no son necesarios para advertir el sentido corporativo de la sentencia.

Palacios es el arquetipo del militante político premiado con un puesto judicial. Carente de trayectoria en el ejercicio de la profesión de abogado y en la Justicia, accedió al cargo sin rendir concurso. Sus méritos son la adscripción al peronismo, el funcionariato cumplido al amparo de esa facción y la confianza dispensada por dedos influyentes.

Se trata de un intruso de la política en la celosa familia judicial, a la que puso en un brete de desprestigio apenas tres meses después de ser aceptado con su por lo menos equívoco accionar en la investigación del crimen de Rojas.

En su defensa, para colmo, el fiscal echó más paladas de descrédito sobre sus anfitriones. Las fallas de la instrucción no fueron suyas, alegó, sino del Cuerpo Interdisciplinario Forense y los peritos policiales, que lo confundieron primero con la idea de la “muerte natural” y luego le dieron una autopsia imprecisa, que no le permitió establecer si estaba ante una muerte por causas naturales, un accidente o un asesinato.

Es decir: el político se excusó acusando a los judiciales, y el ala más propiamente política del Jury capturó a los abogados para ajustar su sentencia a este criterio.

En minoría quedó el ala de la familia judicial con la presidenta de la Corte, Fernanda Rosales Andreotti, acompañada por la diputada opositora Juana Fernández. El voto de la destitución se ciñó al alegato del fiscal Miguel Mauvecín, que puede resumirse en el adagio leguleyo “nadie puede esgrimir en su defensa su propia torpeza”.

Palacios, concluyó Mauvecín, no condujo la investigación y entregó el cadáver de Rojas para las exequias a pesar de que la primera autopsia no le bastaba para definir la causa y mecánica de la muerte. Mauvecín remarcó que en el oficio, en caso de dudas, la investigación debe llevarse “de mayor a menor”: se investiga como homicidio y se descartan hipótesis conforme a lo que vayan marcando las pruebas. Palacios, dijo, hizo al revés y fue de “menor a mayor”, o de la trillada “muerte natural” a la violenta, por la que se inclinó recién un día y medio después del hallazgo del cadáver.

Este errático inicio de la instrucción vulneró la credibilidad de la Justicia, consideró Mauvecín, y tal lesión no podrá subsanarse mientras Palacios continuara siendo miembro del Poder Judicial.

Cuatro de los seis integrantes del tribunal opinaron lo contrario y Palacios volvió al cargo.

Colapso

Los cascoteados judiciales remarcan un detalle. Al margen de las atendibles consideraciones sobre la menesterosa calidad del servicio de Justicia, el historial de los juries demuestra que el Poder Judicial es capaz de autodepurarse.

A cualquier fiscal, si se escarba, pueden descubrírseles relaciones con la política y favorecedores, pero es cierto que los que cayeron hasta ahora, destituidos o por renuncia antes del Jury, eran integrantes de la familia judicial. Palacios es el primero indiscutiblemente político que enfrenta un Jury, y su corporación lo salvó, a un costo altísimo.

En el proceso contra Palacios, además, los funcionarios del Poder Judicial que participaron del primer tramo de la investigación fueron sometidos a interrogatorio, cosa que no ocurrió con los políticos y con los efectivos de la Policía que operaron en la escena del crimen.

Así fue como saltaron deficiencias del sistema como el despropósito de que la forense Daniela Miranda Zar, a cargo de la primera autopsia, se desacatara al director del CIF, Sebastián Vega, y no lo convocara al examen, como le había pedido expresamente. Fue Vega quien, cerca de la medianoche del día que encontraron el cadáver de Rojas, iluminó a Palacios y le dijo que tenía que vérselas con un crimen, dato que no estimuló al fiscal para recuperar de inmediato el cuerpo que había entregado para el sepelio.

Las tensiones renovadas tras el sorpresivo desenlace del Jury tienen proyecciones inquietantes más allá de la devaluada figura de Palacios.

De la composición de la sentencia se infiere un ataque de sectores de la política al Poder Judicial. Este ataque, encriptado, enturbia las ya precarias relaciones entre la Justicia y el poder político para la revisión y reforma de un sistema lisiado, cuya necesidad surgió palmaria del propio Jury y no puede desarrollarse unilateralmente.

CAJÓN

El oficialismo es un avispero, donde nadie quiere quedar embadurnado por el incomprensible salvataje a Palacios pero tampoco se atreve a una crítica rotunda a sus ejecutores ni a señalar a sus eventuales instigadores.