"Anualmente hay cerca de 50 casos de grooming y más de 1.200 estafas virtuales"

"Cuando se armó la fiscalía había un secretario y dos empleados. Ahora somos dos y no damos abasto. Se ha capacitado a un sumariante por unidad judicial para que trabaje específicamente tramitando las causas de ciberdelitos, con lo que contamos entonces con 11 sumariantes. Los recursos humanos siguen siendo escasos", agregó.

Dijo además que "hay muchas denuncias, sobre todo por estafas, con la particularidad de que quien estafa está detrás de una pantalla en cualquier lugar, siempre buscando la vulnerabilidad del momento y hacer caer en un error a la potencial víctima". Consideró asimismo que en época de pandemia "hubo muchísimos casos” y que las maniobras fueron mutando: "Después vino la oferta de dólares, de neumáticos y actualmente de corralones ficticios que ofrecen materiales a precios irrisorios. Por eso siempre le decimos a la gente que debe tener ciertas certezas sobre dónde y cómo va a realizar las compras".

Sostuvo que a pesar de que "permanentemente se van implementando nuevas medidas de seguridad, los delincuentes siempre van adelante".

En este punto hizo hincapié al advertir que "hay que hacer verificaciones, ver los comentarios, la antigüedad en el sistema, la reputación del lugar en que uno está interesado y lamentablemente hay que ser muy desconfiado. Ver si los enlaces tienen el candado de seguridad o si los sitios fueron creados hace pocas horas o días", entre otras precauciones.

Remarcó que en un primer momento la mayoría de los damnificados eran adultos mayores y que ahora los principales afectados son quienes tienen mayores ingresos económicos, mientras que el rango etario disminuyó y se ubicó entre los 20 y 40 años.

Vacío legal

Gober remarcó que "existe un vacío legal sobre la suplantación de identidad, porque no es un delito. A pesar que desde el 2017 cinco proyectos de ley fueron presentados para incorporar la suplantación de identificación digital como delito, ninguno ha sido aprobado. Este vacío legal es muy grave porque quien suplanta la identidad puede cometer delitos muy graves". Informó además que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) "le dio una solución al problema y lo legisló como contravención. Sería un delito menor contemplado en el código contravencional".

Sostuvo igualmente que el vacío normativo también se advierte a la hora de repelar ataques desde el extranjero: "El otro problema es que hay que tener en cuenta de que muchas organizaciones que realizan ciberdelitos son internacionales".

Red de trabajo

Sobre la investigación de los delitos de estafa, informó que la Justicia local cuenta con un sistema en las unidades judiciales, "donde inmediatamente que hacen la denuncia, la suben a nuestra red, firmamos los oficios, los enviamos a la entidad financiera (afectada) y pedimos de inmediato el bloqueo de los fondos", para disminuir los daños.

En este contexto recordó un caso en el que varias personas se instalaron en Catamarca, abrieron 60 billeteras virtuales y las vendieron a personas que estaban en otras provincias. Esos compradores usaban las billeteras para cometer delitos en esas provincias. "Por ejemplo, compraban chips prepagos de esa provincia, los enviaban a Catamarca desde donde sus cómplices llamaban a las víctimas y las estafaban generando una cantidad de puntos difíciles de seguir e investigar.

Para finalizar destacó el trabajo realizado por el personal del Laboratorio Satélite del Ministerio Publico y la existencia de sistemas en el ámbito judicial "que nos permiten trabajar".

"Contamos con un equipo muy técnico que está la altura que se requiere. Sería bueno que haya un fiscal exclusivo, un secretario, técnicos y analistas. Solo dos provincias cuentan con un laboratorio satélite móvil, CABA y Catamarca, que presta asistencia en todas las circunscripciones judiciales, ya que el laboratorio va al lugar donde se deben realizar los trabajos", manifestó.

Informó también que se dotó a la Policía de la Provincia con una división específica y un departamento especial "para que se dedique, a la par de la fiscalía, a investigar el ciberdelito".

Abuso sexual infantil

"La tenencia, producción, elaboración, distribución de material de abuso y explotación sexual infantil es un delito cuando la víctima es menor de 13 años", subrayó.

Remarcó que la circulación de estos contenidos prohibidos es detectada mediante algoritmos que advierten el tráfico y lo informan a una central en Estados Unidos, desde donde se emite una alerta a los países involucrados. “En Argentina hay una fiscalía especializada en CABA desde donde luego se da intervención a la fiscalía o unidad provincial para que investigue", finalizó.