jueves 18 de abril de 2024
Editorial

Antes de que sea demasiado tarde

El 15 de febrero fue el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. La conmemoración se llevó a cabo en un contexto preocupante para las asociaciones que se ocupan de esta problemática y por supuesto para los pequeños pacientes de esta terrible enfermedad y sus entornos afectivos. Una de esas asociaciones es la Fundación Solidaridad Cáncer (FUSOCA), que en coincidencia con la jornada denunció que hay muchos pacientes que no están recibiendo el tratamiento de parte de los organismos del Estado responsables de ello.

El tema cobró notoriedad porque fue planteado en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se iba a tratar artículo por artículo el proyecto de ley ómnibus finalmente fracasada. En el momento en que se trataban las cuestiones de privilegio, el diputado Juan Marino señaló que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, había cerrado “la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, que brindaba subsidios para la adquisición de medicamentos para personas enfermas de cáncer y patologías agudas, entre otras”.

El área volvió a funcionar días después de aquel planteo. El gobierno nacional argumentó que el cese de la actividad se había producido por “un tema meramente interno y administrativo” y que nunca se había suspendido la entrega de medicamentos. El planteo gubernamental fue refutado por FUSOCA: “Los pacientes siguen reclamando porque no les están entregando el tratamiento. Estamos en comunicación todas las instituciones y seguimos con el mismo problema”.

Si siempre es conveniente, al realizar análisis macroeconómicos vinculados a las estrategias para reducir el déficit fiscal, contemplar, además de las variables técnicas, las personas de carne y hueso que se ven afectadas por esas decisiones, mucho más cuando se trata de pequeños que padecen una enfermedad que puede ocasionar una consecuencia irreversible si no se entregan los medicamentos en pos de lograr metas fiscales.

Es central considerar el rol que cumple el subsistema público en la atención de pacientes oncológicos infantiles. Según estadísticas difundidas por el Hospital Garrahan, el 80 por ciento de los niños y niñas con cáncer en el país se atiende en los hospitales del Estado, ya sea municipales, provinciales o nacionales. Los logros de la salud pública en la materia son extraordinarios. La mortalidad viene descendiendo en las últimas dos décadas. El Garrahan cumple un trascendente rol de articulación con los centros de salud de todo el país en los casos de cáncer de la población pediátrica.

Es clave en esta articulación la Ley nacional de Oncopediatría, sancionada y promulgada en 2022, que “apunta a garantizar la equidad y el acceso gratuito, adecuado y oportuno de la cobertura sanitaria, con un enfoque integral y de derechos en todas las fases de la enfermedad, desde los aspectos médicos del diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento hasta el acompañamiento de las familias de los pacientes mediante otorgamiento de licencia laboral, apoyo económico, transporte y vivienda”.

Las medidas para estabilizar la economía no pueden comprometer la asistencia social ni sanitaria. Por lo que se hace necesaria una regularización de la provisión de medicamentos para atender la cruda realidad de los pacientes pediátricos oncológicos antes de que sea demasiado tarde.

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