El juez federal Hugo Greca aceptó la medida cautelar y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad restituir dos pensiones por invalidez suspendidas a dos beneficiarias de Río Negro, mientras que remitió el amparo colectivo de organizaciones vinculadas a la discapacidad de Bariloche a la causa original iniciada en un juzgado de Catamarca.
La acción judicial fue presentada la semana pasada en el juzgado federal de Viedma, promovida por la Asociación Civil Grupo Cre-Arte, la Asociación Civil El Brote y Asociación Civil de Usuarios, Familiares y Amigos “Camino Abierto”, y dos personas de manera individual que pidieron la restitución de la pensión.
La sentencia se dividió en dos. Por un lado, se hizo lugar a la medida cautelar de las dos personas beneficiarias a quienes en agosto se les suspendió la pensión no contributiva sin fundamento y se ordenó la inmediata restitución de este beneficio en el plazo de cinco días.
En el punto en el que las ONG planteaban la inconstitucionalidad del decreto que regulariza las pensiones y solicitaban un listado completo de los beneficiarios de Río Negro a quienes se les suspendió el pago, el juez decidió remitir la causa a Catamarca, donde se tramita un expediente similar, por la presentación de la Defensoría del Pueblo.