Tras los anuncios realizados por el ministro de Hacienda Luis Caputo, el Gobierno provincial convocó a las autoridades de los poderes Legislativo y Judicial a través del Ministerio de Economía, a cargo de Alejandra Nazareno, para informar sobre “el nuevo escenario económico y político nacional, la nueva serie de medidas anunciadas e impuestas por el Gobierno Nacional y la necesidad de avanzar en un diálogo y esfuerzo conjunto para abordar los lineamientos de trabajo para el año 2024”.
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Amortiguadores para la crisis
La reunión se realizará en medio del conflicto de poderes originado en la resistencia del Judicial a ajustarse a las decisiones políticas tomadas por el Ejecutivo y el Legislativo.
Podría ser un punto de partida para empezar a acercar posiciones en una polémica que, de todas formas, languidece, aprovechando el común denominador de una meta: amortiguar el impacto en Catamarca de las durísimas disposiciones tomadas por la Casa Rosada, empezando por una devaluación que duplicó el precio del dólar oficial alimentando la espiral inflacionaria, cierra la inversión en obras públicas, reduce subsidios y restringe los aportes discrecionales del Tesoro Nacional. Esto se acopla con la caída de la recaudación, potenciada por la quita del impuesto a las Ganancias.
La gravedad de la crisis económica y financiera impone revisar prioridades de asignación de gastos y, en la cumbre de la pirámide institucional, postergar intransigencias para tiempos menos turbulentos.
Más allá del impacto presupuestario cuantitativo que puedan tener las medidas provinciales, el factor cualitativo cobra particular relevancia en momentos como los que se atraviesan.
Ante la angustia que comienza a cundir en la sociedad por el negro panorama que el propio Gobierno nacional augura, pocas cosas podrían caer mejor que exhibir un frente unificado de los poderes provinciales para tratar de montar un blindaje. Por el contrario, nada podría indisponer más a la opinión pública que asistir a una escalada de disputas corporativas e individuales.
En este sentido, la provincia queda envuelta en un contexto donde la mayoría de las variables está fuera de su control. Parece elemental operar con las que sí puede controlar para adaptarse a las circunstancias.
Como el Gobierno nacional ha decidido prorrogar el Presupuesto 2023, el Presupuesto provincial aprobado para 2024 acentúa sus perfiles teóricos. Es prácticamente imposible colegir cómo se desenvolverá la crisis, a cuánto ascenderán los gastos por la inflación y, por consiguiente, cuántos ingresos serán suficientes para cubrirlos.
La incertidumbre es dramática y obliga a extremar la prudencia para prevenir desmadres.
Este es el sentido de la reunión de hoy, en la que la ministra Nazareno y su equipo trazarán un panorama detallado y sentarán las bases para que el Gobierno maniobre políticamente. La austeridad no es una opción, ni depende del posicionamiento político: es una imposición de la realidad a la que es inútil oponerse.
Sí se pueden graduar y tratar de equilibrar los esfuerzos para no dejar a la intemperie a los sectores más vulnerables.
En lo que se refiere a las peleas que la Provincia tiene que dar por la distribución de los recursos fiscales, robustecer las relaciones interinstitucionales, recomponer lazos deteriorados y unificar criterios contribuirá a llevarla adelante con mayor eficacia.
Para esto resulta indispensable converger en las gestiones para mantener en equilibrio las cuentas y reducir las necesidades de financiamiento de déficits al mínimo. Ya se sabe cómo se reducen los márgenes de negociación cuando se cae a la mesa en estado de necesidad.