miércoles 21 de septiembre de 2022

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Presunta defraudación

Allanaron oficinas de AFIP por una causa interprovincial

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4 de septiembre de 2022 - 09:50

El viernes se realizó un sorpresivo allanamiento de la Policía Federal en las oficinas de la AFIP en Santiago del Estero, comandado por el fiscal federal Pedro Simón, en el marco de una causa que investiga un fraude al organismo nacional provocado por una banda que creaba empresas fantasmas para emitir facturas truchas y evitar el pago del IVA a grandes contribuyentes de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Córdoba. Según informó El Liberal, el cerebro de la banda es el contador Gustavo Coronel Medina, quien además cobraba un porcentaje para borrar cuantiosas deudas de empresas. Estiman un perjuicio al Estado de entre 800 y 1.600 millones de pesos.

La investigación se inició en diciembre del año 2019. La entonces jefa interina de la Sección Penal Tributario de la AFIP (Dirección Regional de Tucumán), María Lucía de las Mercedes Trabadelo, denunció la existencia de una organización criminal que a través de la emisión de comprobantes apócrifos habría evadido cerca de $800 millones en concepto de saldo a ingresar de IVA e Impuesto a las Ganancias.

La Fiscalía imputó a 14 usinas apoc (tal la denominación para las facturas apócrifas) y a 22 contribuyentes socios de las empresas, junto al contador jefe de la organización y su entorno.

Según fuentes judiciales, se habría establecido que AFIP no solo habría ocultado información, que contaría en su sistema informático, sino también que las maniobras aludidas en las conversaciones de dos imputadas (empleadas) con el presunto cerebro, estarían en sintonía con las maniobras en la red.

También los funcionarios habrían acreditado ayer la intervención de otra empleada en las maniobras.

Según trascendió, empleados de esa delegación de AFIP podrían ser imputados por la Justicia Federal e indagados, ante fuertes sospechas de conformar esta banda.

Por otra parte, con el allanamiento los funcionarios federales también buscaban información sobre las maniobras de "descuento", o bien "eliminación" de deudas millonarias de grandes contribuyentes como empresas de construcción; y develar el trasfondo sobre emisiones de un certificado que habilitaba a las empresas participar de licitaciones públicas, previo desembolso de un 15% del total del monto de la deuda "borrada del sistema".

Un caso testigo fue el de una gran empresa constructora de Santiago del Estero que logró que le rebajaran una deuda de $800 millones para poder obtener un certificado con el cual pudo participar de licitaciones públicas. En reiteradas oportunidades, el juez Federal Sebastián Argibay solicitó información a AFIP e intimó a la jefa de Sección Legales por la presunta falta de colaboración.

Sobre la maniobra

Las imputaciones dominantes son "cohecho pasivo" y "asociación ilícita fiscal" por la supuesta percepción de dinero a cambio de descargar boletas de deudas, levantar embargos de empresas y contribuir a la creación de usinas de facturación apócrifa, en un proceso con trama y desenlace inconclusos.

Los peritajes telefónicos en el laboratorio de la Policía Federal (PFA), Dirección Regional Tucumán, y por oficiales de la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero habrían sacado a la luz múltiples conversaciones entre el cerebro y varios empleados de la AFIP. Así fue que se detectó un sistema de retribuciones monetarias irregulares.

"El contador otorgaba grandes sumas de dinero al personal sospechado, siempre y cuando cancelaran embargos y posibilitaran la inscripción de empresas fantasma al único fin de emitir comprobantes apócrifos. La investigación desnudó también pagos en efectivo realizados a intermediarios y habitualmente en domicilios particulares", detalló El Liberal.

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