En enero de 2026, el Grupo Techint perdió una licitación para proveer los caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con el puerto rionegrino de San Antonio Oeste. La ganadora fue la empresa india Welspun, con una oferta un 40% más barata. Paolo Rocca protestó y Milei le enjaretó el despectivo mote “Señor Chatarrín”.
Cinco meses después, el caso del proyecto minero Vicuña, que se desarrolla en San Juan, repite el patrón con un agravante. Rocca no tenía régimen promocional que invocar, solo argumentos de defensa de la industria nacional y sospechas de “dumping” que para el credo libertario son irrelevantes.
El megaproyecto minero de Lundin Mining y BHP -la mayor inversión extranjera de la historia argentina, con compromisos de 18.000 millones de dólares- adjudicó la construcción de su campamento de alta montaña a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina. El complejo, que albergará entre 3.500 y 5.000 trabajadores en la cordillera sanjuanina, será fabricado en China módulo a módulo y traído listo para emplazarse a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
La empresa nacional que compitió, Modular Homes, cotizó USD 70 millones. El consorcio chino ofreció USD 52 millones. La diferencia de 18 millones dejó a la industria argentina fuera del negocio, pero la cancha no estaba inclinada por la diferencia de costos entre economías, sino por una decisión de política pública argentina: el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, el RIGI.
Vicuña accedió al RIGI bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Eso significa reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año, levantamiento de controles de capital a partir del tercero y estabilidad fiscal y legal por 40 años, pero lo determinante para la victoria del conglomerado chino es exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos destinados al proyecto. Es decir: los módulos chinos ingresan al país sin pagar arancel. El proveedor extranjero se beneficia del mismo régimen que el Estado argentino diseñó para atraer la inversión extranjera que lo contrató.
Fuentes del sector calcularon el impacto concreto. Si el campamento se hubiera construido en Argentina, habrían surgido al menos 500 empleos directos en la industria de la construcción modular. Con la importación desde China, quedan 50 puestos locales de logística y montaje. El 80% del valor agregado —diseño, ingeniería, fabricación industrializada— se queda en Beijing.
La Federación Argentina de Proveedores Mineros, FAPROMIN, que agrupa a las cámaras de San Juan, Catamarca, Salta y otras provincias mineras, emitió un duro comunicado. "El RIGI solo sirve si los recursos de las inversiones quedan en el país. De otra manera, la repetición de la historia tendrá las mismas consecuencias del pasado", advirtió la organización: ciclos extractivos que generaron divisas sin construir capacidades productivas locales.
Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, el costo fiscal de los proyectos aprobados hasta ahora bajo el RIGI alcanzaría 1.395 millones de dólares anuales en plena operación. Vicuña, con exportaciones proyectadas de 6.000 millones anuales durante 25 años, es uno de los de mayor peso individual. El Estado cede recaudación para atraer la inversión extranjera, pero el mismo instrumento le allana el camino al proveedor chino para desplazar a la industria nacional.
Rocca lo advirtió antes, sin régimen de por medio. Ahora la asimetría tiene nombre, número de ley y 40 años de vigencia garantizada. Atender esa contradicción es parte inseparable del cambio de matriz económica en el que avanza la Argentina.