Con salarios en los puestos jerárquicos de entre 17 y 32 millones de pesos, la Administración Federal de Ingresos Públicos se erige en paradigma de la casta burocrática que, alejada de los tiroteos de la refriega política, parasita el erario. Cerca de las vituallas y lejos de los cañones: viejo adagio de camanduleros que esta oligarquía enquistada en organismos y empresas del Estado ha internalizado a la perfección.
En el enclave de la AFIP se da además una singularidad. El organismo se apropia del 1,9% de la recaudación neta de impuestos y derechos aduaneros para pagar a sus empleados un adicional que terminó representando entre el 70 y el 80% de sus emolumentos.
El escándalo escaló desde que el Gobierno nacional decidió disolver la repartición y suplantarla por una Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los estrafalarios sueldos de los jerarcas salieron a la luz.
Florencia Misrahi, la titular, cobra $32.180.328, mientras que otros altos cargos como Eduardo Raúl Mallea (Aduanas), Gabriel Eduardo Ramírez (Impositiva) y Santiago Mozetic (Recursos de la Seguridad Social), tienen sueldos superiores a los $17.201.402, compuestos por un salario básico de $1.323.635 y la cuenta de jerarquización, que suma $15.877.767.
Al igual que sucede con los subdirectores generales, los empleados de nivel medio y bajo también reciben una parte importante de su sueldo en función de la recaudación, con el salario básico representando solo el 20-30% del total que perciben mensualmente y el resto variable según el porcentaje de recaudación asignado.
Un decreto emitido en 2001 habilitó a la AFIP a fondearse con casi el 2% de la recaudación para financiar el Fondo de Autarquía creado en 1997. Conforme a las previsiones del Presupuesto 2025, debería embuchar el año que viene 2,5 billones de pesos. El 94% de ese monto se destina al pago de salarios.
Si lo de la casta burocrática puede considerarse un despojo legalizado, la AFIP lo ha llevado al paroxismo.
Costo fiscal
De acuerdo a un análisis del director de la Maestría en Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, Walter Rosales, las provincias resignaron en 2023 alrededor de 350 mil millones de pesos a favor de la AFIP, debido a que la sustracción del 1,9% se ejecuta sobre impuestos coparticipables.
La repartición gasta más que 12 provincias argentinas individualmente.
El gasto de Catamarca fue el año pasado un 28% inferior al de la AFIP. 9 mil de los 350 mil millones que se destinaron a los sobresueldos de los recaudadores le hubieran correspondido a Catamarca si no existiera esta canonjía.
El promedio de los sueldos de la AFIP casi triplica el de toda la administración pública nacional y es el más alto después de los de la Cancillería.
Ninguna provincia colapsó pese a esta reducción de sus recursos. Es notorio que tampoco se quejó ninguna, ni ninguno de sus legisladores nacionales, pese a que viene ejecutándose desde hace nada menos que 23 años y que el saqueo se incluye en el Presupuesto Nacional.
¿A cuánto ascenderá la cifra en total en el período?
Como a las provincias parece no preocuparles, otra lectura podría ser que a los contribuyentes podrían reducírseles los impuestos con el solo expediente de eliminar o al menos mermar el porcentaje de la recaudación destinado al Fondo de Autarquía.
Ni hablar de algún aumento que podría otorgarse a los jubilados para compensarlos por el agravio del obsceno asado en Olivos celebrado en honor de los “héroes” que blindaron el veto a la miserable mejora que suponía para sus ingresos la ley de movilidad jubilatoria.
El despojo continúa
El Gobierno nacional calcula que economizará 6.400 millones de pesos con la disolución de la AFIP y su reemplazo por ARCA. El cambio incluye una reducción del 45% de los cargos jerárquicos y del 35% en las estructuras inferiores. También serán despedidos más de 3.000 empleados que, según dicen, ingresaron de forma irregular.
La caja del 1,9% de la recaudación para el Fondo de Autarquía, no obstante, continuaría. Según el proyecto de ley de presupuesto 2025, la AFIP recibirá más de 2,5 billones. Es una de las cifras más altas de toda la administración pública.
El funcionariato sería menor, pero no dejaría de ser casta.
“La disolución de la AFIP y la disminución del costo de su estructura son iniciativas positivas -planteó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo-. En la actualidad, a Mendoza y todas a las provincias, la AFIP les retiene el 1,9% de los impuestos coparticipables para gastos de funcionamiento. Será indispensable una eliminación o al menos reducción de esa retención para que el ahorro sea equitativo”.
El diputado Nicolás Massot propuso también restringir el financiamiento del Fondo de Autarquía para destinar más recursos a partidas que el Gobierno mantiene congeladas como las jubilatorias y educativas.
La discusión se dará con el Presupuesto. Tal vez los representantes de las provincias despierten allí de un letargo que lleva casi un cuarto de siglo.