Lo exiguo de la actualización del canon minero incluida en el Presupuesto 2023 abre interrogantes acerca de la calidad del análisis que hicieron los responsables de la redacción del inciso del proyecto, en la mejor intencionada de las lecturas, o la intensidad de la gravitación de los intereses afectados por la medida, en la menos inocente.
El diputado nacional Francisco Monti informó que los montos se multiplicarán por seis respecto de los establecidos en la última revisión, que fue en 2017. Es una disposición cosmética, acaso inducida por el proyecto que presentó el mismo Monti para reformar el Código de Minería precisamente por lo irrisorio del canon: la inflación y la apreciación del dólar respecto del peso en el lustro transcurrido neutralizan su impacto económico y financiero, de modo que en los hechos estimula la especulación en lugar de desalentarla.
“En Argentina es cada vez más barato, en dólares, conservar una propiedad minera, cuando al mismo tiempo los precios de mercado de las propiedades mineras incrementan su valor por el aumento del valor del precio de los minerales”, señaló el legislador.
“La inversión exigible a un propietario minero respecto del desarrollo de un proyecto –recordó- está vinculada al precio del canon. Es decir que, a baja exigencia de canon, baja exigencia en inversiones reales. Por esto es justamente que el precio del canon tiene que estar adecuadamente actualizado”.
Esta sería la tercera actualización del canon minero desde 1993. La de 2017 cuadruplicó los valores fijados nada menos que casi un cuarto de siglo antes, cuando ni siquiera se había puesto en marcha la megaminería en la Argentina con Bajo La Alumbrera y se discutía el régimen para promover las inversiones en ese terreno, con condiciones muy favorables a los holdings.
Es reconfortante que el ritmo se haya acelerado para reducir la mora a solo cinco años, pero este sentimiento se ve un tanto atenuado por el hecho de que los valores continúen siendo insignificantes respecto de las fortunas que las empresas mineras embuchan y se llevan.
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En el caso de Catamarca, las suspicacias crecen además a la sombra tendida por especuladores que han conseguido retener sus pedimentos tras una primera depuración del padrón realizada por el Gobierno. Los especuladores retienen los derechos sobre los pedimentos a un costo bajísimo, a la espera de colocarlos al mejor postor en el momento oportuno. El control sobre las inversiones que deberían hacer para esto es más que laxo, y llama la atención que no se desarrolle una política más enérgica al respecto cuando Catamarca cuenta con una empresa estatal, CAMYEN, específicamente creada para intervenir en el negocio minero.
“Si bien se han incrementado los precios que estaban estacionados en valores cada vez más irrisorios, como consecuencia del proceso inflacionario, no puedo dejar de señalar que el incremento es absolutamente insuficiente. Por segunda vez desde la década del ’90 se incrementan los precios de canon, pero por segunda vez se lo hará muy por debajo de la evolución del tipo de cambio”, advirtió Monti, quien de todos modos celebró que el tema haya sido incorporado al debate presupuestario.
En este sentido, consideró “positivo” que “se promueve que anualmente la Secretaría de Minería de la Nación actualice los precios de canon minero de acuerdo a la inflación que publique el INDEC”.
“Esa cláusula de ajuste es muy necesaria en un contexto de altísima inflación”, concluyó el diputado.
El incentivo a la especulación, no obstante, se mantiene debido a lo bajo de los montos. Un situación que el Congreso podría remediar. Si las mayorías quieren, por supuesto.
