viernes 30 de septiembre de 2022

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Editorial

Abusiva y arbitraria práctica policial

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15 de septiembre de 2022 - 01:05

Si hubiese que imputar por el delito de privación ilegítima de la libertad a todos los policías que arrestan a personas sin motivos fundados en la ley y por esa razón apartarlos preventivamente de sus funciones, en pocos días la fuerza tendría una gravísima carencia de efectivos. La ominosa práctica de detener arbitrariamente a personas, que surgió como tema otra vez con fuerza en el debate por la muerte del joven Diego Pachao, es habitual en la provincia pero también muy generalizada en otras jurisdicciones. Está incorporada en la cultura policial y es preciso erradicarla porque suele derivar en abusos intolerables, algunos incluso con desenlaces trágicos, como el caso mencionado.

El arresto en averiguación de antecedentes y medios de vida es, además de una práctica abusiva y malintencionada para hostigar o perseguir a determinadas personas, inconstitucional. Tanto a nivel local como nacional ha recibido serios y fundados cuestionamientos. En Catamarca criticó formalmente este método en 2013 el juez penal juvenil Rodrigo Morabito, lo mismo que el exjuez de Control de Garantías, Ramón Porfirio Acuña, que el mismo año emitió una resolución en la que declaró la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia, que habilita esta medida.

Al igual que la averiguación de antecedentes, el “merodeo” es otra excusa para arrestar o demorar a personas en la vía pública de manera arbitraria e injustificada. Cualquier persona parada en medio de la noche en una vereda puede, desde la subjetiva interpretación de un policía, estar “merodeando”. Y por esta razón corre el riesgo de terminar con sus huesos en el calabozo de una comisaría.

Casos como éstos se ven muy frecuentemente, pero fue en la época de Marcos Denett como jefe de Policía que se instituyó casi como uno de los pilares de su gestión, engrosando artificialmente estadísticas sobre presuntos despliegues operativos contra la delincuencia, que no eran otra cosa que abusos de poder que terminaban con la liberación, luego de un pésimo momento, del supuesto “merodeador” por falta de pruebas.

La subjetividad de los agentes para detectar a los “merodeadores” o ciudadanos que merezcan una averiguación de sus antecedentes en sede policial tal vez explique por qué razón los destinatarios de ambas acciones sean siempre –o casi siempre- jóvenes de aspecto humilde, como si a ese grupo etario y condición social perteneciesen siempre los ladrones merodeadores.

La práctica no es solo injusta y arbitraria, sino también ineficaz: mientras se pasan arrestando o demorando a personas en las esquinas de los barrios por portación de edad o pertenencia social, es posible que los verdaderos delincuentes estén a pocas cuadras incurriendo en ilícitos que nunca serán esclarecidos.

Si la Policía trabajase siempre con profesionalismo y sin prejuicios infundados y abusivos, Diego Pachao no hubiese terminado en una comisaría y muerto en circunstancias que la Justicia está a punto de determinar.

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