Abrieron el jury a Ezequiel Walther y lo suspenden en sus funciones
Lo decidió el Tribunal de Enjuiciamiento que ya corrió vista al fiscal, quien deberá realizar la acusación formal.
El Tribunal de Enjuiciamiento determinó abrir formalmente el jury al fiscal de instrucción Nº 4 Ezequiel Walther. Fue en la reunión de ayer y en la que ordenaron la suspensión de sus funciones. El hecho que llevó al fiscal a quedar en las puertas del juicio político ocurrió el 28 de junio a la mañana, cuando Walther fue señalado por dos empleados de una empresa de Córdoba de haberles hurtado dos cajas de herramientas que estaban en una playa de estacionamiento. En primer lugar, los empleados hicieron una denuncia penal contra autores desconocidos.
Por el hecho, el juez de Control de Garantías, Héctor Rodolfo Maidana abrió la investigación jurisdicción al fiscal, pesquisa que finalizó ayer con la toma del último testimonio. Ahora Maidana tiene un plazo para resolver su dictamen.
En tanto, el Tribunal de Enjuiciamiento, cumplimentando el artículo 15 de la Ley 4247 de Enjuiciamiento a Magistrados y Miembros del Ministerio Público, declaró ayer por resolución la apertura del juicio.
En la resolución de ayer los integrantes del Tribunal, el presidente de la Corte de Justicia, Miguel Figueroa Vicario, el senador Oscar Vera, las diputadas Cecilia Guerrero y Juana Fernández y los dos representantes del Colegio de Abogados, Pablo Federico Nicollini y Silvia Cabrera, tomaron la medida tras la reunión y además de resolver la apertura formal del jury, determinaron "suspender en el ejercicio de su cargo al Dr. Carlos Ezequiel Walther durante la tramitación del proceso (art. 18). Comunicar la suspensión dispuesta a la Corte de Justicia a los fines del art. 38 de la Ley 4247". En paralelo se corrió vista de la medida al Fiscal del Tribunal, Alejandro Dalla Lasta y, a Walther y a sus defensores.
Razones
El lunes el fiscal del Jury, Alejandro Dalla Lasta Baroni, presentó ante el Tribunal de Enjuiciamiento, su dictamen. Dalla Lasta consideró que hubo una conducta “indebida” e “inapropiada” por parte del funcionario del Ministerio Público Fiscal.
Advirtió Dalla Lasta que la conducta reprochable “consistió en sacar elementos fuera de la esfera de la custodia de su propietario” para reubicarlos en un lugar de su propiedad -independientemente de que este accionar constituya o no un delito-. “En el caso concreto, no se encontraba obligado por las circunstancias a realizar dicho acto ni se vislumbraba seriamente que estos elementos se encontraran en peligro de ser sustraídos por terceras personas, máxime si existen cámaras de seguridad en dicho lugar. Circunstancia que era perfectamente conocida por el denunciado, según sus propios dichos”, detalló.
Para el fiscal Dalla Lasta, “la cuestión denunciada emerge que el hecho atribuido al fiscal puede revestir una gravedad inusitada, que repercute en la confianza social depositada en él mismo y que resulta incompatible con el buen servicio de Justicia. Circunstancia ésta que resulta -por sí sola- un escollo infranqueable como para archivar el presente legajo en esta instancia procesal”.
