El crimen de Lucio Dupuy, un niño de apenas cinco años, tuvo amplia repercusión mediática. Y aunque la ferocidad del asesinato le otorga características singulares, es preciso señalar que no se trata lamentablemente de un hecho excepcional: en promedio, hay un niño asesinado por mes en la última década solo en situación de femicidio vinculado. Es decir, chicos a los que se les quita la vida para dañar a la madre.
Según estadísticas elaboradas por el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro, entre 2012 y 2022 se cometieron 120 femicidios vinculados y las víctimas tenían entre meses y 12 años, asesinadas mayoritariamente por sus propios padres a golpes o mediante el uso de un arma de fuego y elementos cortopunzantes, siendo la provincia de Buenos Aires el lugar con mayores muertes.
Las cifras son escalofriantes también en lo que respecta al maltrato que no tiene un desenlace fatal. Otro informe, en este caso de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, publicado durante el pasado mes de noviembre, indica que entre 2020 y 2021 se registraron 6.805 denuncias por maltrato a niñas, niños y adolescentes, aunque las cifras de casos de violencia graves deben ser muchos más, considerando que la inmensa mayoría no se denuncian. La mitad de esos casos fueron evaluados como de riesgo alto o altísimo. Los principales agresores, según el estudio, fueron varones (73%) y en la mayoría de los hechos fue el progenitor.
El objetivo es sacar de la invisibilidad y la naturalización al problema, lo cual requiere del compromiso de toda la sociedad. La violencia puertas adentro de una casa nunca es un conflicto privado, menos aún si las víctimas son niños que no pueden ni defenderse ni denunciar el calvario que padecen.
Todavía prevalece en la sociedad, aunque cada vez menos, cierta naturalización de la violencia contra las niñas y los niños. Resulta aberrante, pero aún hay personas que la defienden como método presuntamente "educativo". En redes sociales, por ejemplo, hay usuarios que elogian a los "cintazos" y a las palizas contra los chicos como correctivos eficaces y a los insultos como herramientas disuasivas.
Es importante recordar que la violencia contra los chicos ya no es solamente condenada desde el punto de vista ético, sino que está prohibida por el Código Civil argentino reformado en 2015, e incumple asimismo tres de los cuatro pilares de la legislación de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989.
El crimen de Lucio y su amplia difusión mediática debería servir para concientizar sobre esta problemática social grave. Además de campañas de prevención, que podrían activarse si se aprueba la denominada Ley Lucio, es de suma importancia que se deje de naturalizar la violencia, como si los padres o mayores a cargo tuviesen las atribuciones para agredir física o psicológicamente a los más chicos, lo que resulta deleznable para el propio sentido común.
