Una resolución de la Comisión Europea del año 2022 equiparó al gas natural con las energías renovables. Para ello, la incluyó, junto con la energía nuclear, dentro de la taxonomía verde, que es un sistema de clasificación cuyo objetivo es clarificar y clasificar qué inversiones y actividades económicas son sostenibles.
La decisión es objetada por organizaciones ecologistas, y de hecho la polémica persiste hasta hoy, pero de todos modos provocó un cambio en la calificación que indirectamente termina favoreciendo a Argentina, que tiene una importante cantidad de reservas, y por esa razón la sitúa en el camino de las naciones que avanzan decididamente hacia la transición energética.
La transición energética es un proceso que procura transformar la forma de producción, distribución y consumo de energía. El propósito es lograr disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como un modo de mitigar el cambio climático. Incluye la diversificación de matriz energética, priorizando las energías renovables, como la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica y la biomasa, por sobre los combustibles fósiles, particularmente el petróleo y el carbón. El gas es también un combustible fósil, pero con un impacto mucho menor en el medio ambiente en las distintas etapas: extracción, elaboración, transporte y utilización.
La puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner y la próxima habilitación de la reversión del Gasoducto Norte son hitos hacia el objetivo de conseguir la autonomía energética, frenando el egreso de divisas y abriendo incluso la posibilidad de que éstas ingresen al país si se alcanzan saldos exportables. La caracterización positiva del gas, distanciándolo de los otros combustibles fósiles que son mucho más dañinos, es un dato adicional muy positivo.
Los avances de Argentina en materia de energías limpias han sido constantes aunque a un ritmo menor al que requiere la transición energética. El perfil del nuevo gobierno asumido en diciembre del año pasado no parece ser el más adecuado para potenciar el impulso. Es conocido el rechazo de Javier Milei a los postulados de la comunidad científica internacional respecto del cambio climático y el calentamiento global. Y en la práctica existe un escollo para el desarrollo de las energías renovables en materia legal. El DNU dictado por el gobierno nacional en diciembre deroga 21 artículos de la Ley 27.424 de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública, eliminado incentivos y beneficios al desarrollo y la promoción de las energías renovables integradas a la red eléctrica pública.
Desde que está en vigencia el DNU fueron desactivados el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) y el Régimen de Fomento para la Fabricación Nacional de Sistemas, Equipos e Insumos para Generación Distribuida a partir de fuentes renovables (FANSIGED), junto a otros beneficios fiscales y económicos destinados a aquellos usuarios y productores que optaran por una alternativa más sostenible en materia energética.
Como puede observarse, las medidas para el sector de las energías limpias impulsadas van a contramano de la tendencia mundial y de los propios intereses de la Argentina, que tiene recursos naturales suficientes como para ser nación líder en la transición energética.
