La Justicia investiga el presunto desvío de al menos US$42 millones desde la cuenta que maneja los fondos de la Asociación en el exterior hacia sociedades fantasma.
Paul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), regresó de su viaje a Estados Unidos este viernes. Su visita estaba programada desde antes de fin de año, para intercambiar con autoridades norteamericanas documentación vinculada a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Según pudo saber este medio, el funcionario organizó el viaje para encontrarse con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), que es el par estadounidense de la UIF.
Este organismo norteamericano, que depende del Tesoro de Estados Unidos, se encarga de realizar acciones relacionadas con la inteligencia financiera. Es decir, su objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.
La decisión del titular de la UIF de viajar se dio tras las sospechas en torno a TourProdEnter, la compañía ligada a Javier Faroni, el empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La compañía, en los papeles, es administrada por Erica Gillette, la pareja de Faroni.
Días atrás, la Justicia citó a declarar al empresario y a su esposa. La decisión del juez Luis Armella se tomó luego de que se verificara que la empresa TourProdEnter administró US$260 millones de la AFA en el exterior y -según la investigación- de ese dinero al menos US$42 millones habrían sido desviados a compañías presuntamente fantasmas en Miami.
Aunque se mantiene el hermetismo sobre la información a la que pudo acceder Starc, la intención principal de su viaje fue tener detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia.
Este intercambio de información fue posible gracias a un memorando de entendimiento que existe entre la UIF y el FinCEN. El mismo se concretó en marzo de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.
En ese convenio se confirmó el intercambio y la cooperación entre las dos agencias que están a cargo de perseguir los delitos de lavado de activos. Es decir, ambos organismos pueden acceder y requerir información relacionada con los presuntos delitos de esta índole que ocurren en la Argentina y Estados Unidos.
