jueves 13 de enero de 2022

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Cara y cruz

Contra el reloj

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11 de enero de 2022 - 01:00

Con el pago de vencimientos de deuda con bonistas por alrededor 692 millones dólares, se acelera el tiempo de descuento para que el Gobierno cierre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en un contexto político que incrementó su proverbial crispamiento luego de que la oposición rechazó el Presupuesto en la Cámara de Diputados. La Argentina debe cubrir compromisos en el primer trimestre por casi 4.000 millones de dólares, 1.100 de los cuales se escalonan entre la última semana de enero y principios de febrero.

La combinación con los desembolsos sistemáticos que debe realizar el Banco Central para mantener a raya la cotización del dólar torna dramática la coyuntura. Sangría por dos heridas en las reservas, mientras las fuerzas políticas mayoritarias suman a los litigios entre ellas las fracturas internas por el posicionamiento en torno al acuerdo que busca la Casa Rosada.

El gobernador de Jujuy y flamante presidente de la UCR, Gerardo Morales, precipitó la exposición de las divisiones en Juntos por el Cambio al avalar un acercamiento con el Gobierno nacional en el tema. Fue la semana pasada, en la previa de la reunión con los gobernadores en la que el ministro de Economía Martín Guzmán, el as de las ambigüedades, se explayó sobre las tratativas con el organismo.

Morales recordó que la deuda que se pretende renegociar fue tomada por la gestión de Mauricio Macri, de modo que responder a la convocatoria del oficialismo para escuchar es lo mínimo que la oposición puede hacer.

Estas apreciaciones le valieron rabiosas réplicas de personajes como los diputados macristas Fernando Iglesias y Waldo Wolff, cuya experiencia de administración gubernamental es nula, bajo el paraguas del macrismo.

El presidente Alberto Fernández, por su parte, no se privó estimular las inquinas al recordar, en el encuentro con los mandatarios, que denunció penalmente a Macri por la deuda. A estas manifestaciones le siguió un endurecimiento del discurso de los sectores más radicalizados de Juntos por el Cambio contra los Estados Unidos, accionista mayoritario del FMI, que el jefe de Estado, como es habitual, suscribió.

A Morales los radicales y sus socios de Juntos le recriminan las excelentes relaciones que mantiene con Sergio Massa. De hecho, fue al único que la UCR autorizó participar aliado a nivel provincial con el Frente Renovador en 2015, cuando ganó el Gobierno jujeño, pese a que la Convención partidaria había decidido cerrar con el PRO. Su vicegobernador, Carlos Haquim, pertenece a la facción massista.

Lejos de amilanarse con los reproches de sus aliados, Morales insistió en la postura conciliadora.

"Hay que hacer todo lo posible para que el país logre un acuerdo. Hay algunos dentro de nuestro espacio tienen la postura de que cuanto peor mejor, que explote todo. Creo que la consigna de que 'explote todo' termina perjudicando a la gente", dijo.

Al margen de sus ambiciones presidenciales, que colisionan con las de los macristas, la postura de Morales obedece a su condición de gobernante. Es fácil constituirse en aguerrido “halcón” cuando no se tienen obligaciones administrativas.

Los gobernadores necesitan la estabilidad y el acceso al crédito que procuraría la renegociación de la deuda con el FMI, igual que el Gobierno nacional, los empresarios y los sindicalistas con cajas restringidas por la desocupación, el empleo informal y el cuentapropismo. La solvencia de sus tesoros es un capital indispensable de los administradores para retener e incrementar poder político.

Serían arrastrados sin distinción de banderías con al Gobierno nacional en caso de un desmadre económico y afectados la gobernabilidad de sus provincias se vería afectada por las consecuencias de un default.

Ellos, como la Casa Rosada, también han empezado a jugar contra el reloj.

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