Ayer se confirmó la nómina de funcionarios, ex funcionarios y técnicos que fueron imputados por el fiscal Roberto José Mazzucco, en el marco de la investigación por el trágico alud de El Rodeo, ocurrido el 23 de enero de 2014, que se cobró la vida de once personas y una desaparecida, la joven santiagueña Carolina Sal Castiglione.
Son catorce los acusados que a partir de la próxima semana serán citados para su indagatoria.
Las imputaciones son las de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "homicidio culposo por mala praxis profesional", ambas excarcelables y con penas que incluyen inhabilitación especial.
El ex gobernador y diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral está imputado por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", que prevé una pena de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo". La misma imputación recae sobre el intendente rodeíno Félix Casas Doering, los ex administradores de Vialidad Provincial Néstor Rosales y Jorge Solá Jais, y el secretario de Recursos Hídricos, Juan Negui.
Los ingenieros civiles que trabajaron en el diseño y en la construcción del "Puente de El Mástil" fueron acusados por el delito de "homicidio culposo por mala praxis profesional".
Es el caso de Luis Dal Bon, Elías Seleme, Hugo Zurita, Miguel Ángel Villafáñez, ingenieros pertenecientes a la Administración de Vialidad Provincial, y los ingenieros de la empresa constructora Mogetta, que tuvo a cargo el diseño y la ejecución de la obra cuestionada. Según el Código Penal, en su artículo 84, se reprime con prisión de 6 meses a 5 años de prisión e inhabilitación especial, la cual puede ser entre 5 y 10 años. Por el número de víctimas fatales -si fueran más de una-, en este caso, el mínimo de la pena se eleva, por lo que pasa de 6 meses a 2 años.
Fueros
Fuentes judiciales consultadas por El Ancasti confirmaron que a partir de la próxima semana se fijarán las indagatorias para los catorce imputados.
Brizuela tiene fueros parlamentarios, lo que no impide que sea citado a indagatoria y elevar la causa a juicio oral sin necesidad de pedir su desafuero. Solamente debería solicitarlo en dos supuestos: a) si el legislador se negara a concurrir al ser citado a indagatoria y b) en caso de que necesite privarlo de su libertad, lo que podría ocurrir, por ejemplo, si sospechara que puede fugarse para eludir la acción de la Justicia, o que tratara de obstaculizar el desarrollo del proceso.
LOS IMPUTADOS
Eduardo Brizuela del Moral (ex gobernador)
Félix Casas Doering (intendente de El Rodeo)
Alfredo Saavedra (ex director de Defensa Civil)
Néstor Rosales (ex administrador de Vialidad Provincial)
