Rosales. Defendió los concursos.
La ministra de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, defendió el esquema de concursos para cubrir cargos en las Oficinas Judiciales y explicó que, de los ocho puestos que fueron cubiertos, solo dos debían ser concursados. La magistrada sostuvo que los otros seis cargos corresponden a coordinaciones de fuero y fueron asignados a personas que ya integraban el Poder Judicial.
Rosales Andreotti se refirió así a las críticas surgidas luego de que se conociera que, además de los cargos concursados, fueron designadas otras personas para completar la estructura de las Oficinas Judiciales. La ministra aclaró que la creación y el mecanismo de cobertura están determinados por la ley que estableció estas áreas de gestión.
“Los dos cargos que se concursaron son los únicos dos cargos que se concursan”, afirmó. Explicó que se trata del director y el subdirector de la Oficina de Gestión Estratégica, mientras que las demás funciones corresponden a coordinaciones vinculadas con distintos fueros.
Según detalló, la estructura contempla coordinaciones para los fueros comercial, civil, laboral, de familia, régimen general y violencia de género. En este último caso, indicó que existe además una oficina con características particulares. La funcionaria remarcó que, de ese conjunto, solo dos cargos fueron creados por fuera de lo que ya estaba presupuestado y que quienes asumieron las restantes funciones ya eran trabajadores del Poder Judicial.
El planteo surgió tras los cuestionamientos de la cantidad de personas que fueron designadas luego del concurso y sobre si esa situación podía contradecir el objetivo de transparentar y hacer competitiva la selección de funcionarios judiciales. Frente a esto, Rosales Andreotti admitió que existe una preocupación por la percepción social sobre los vínculos familiares dentro de Justicia.
“A mí me preocupa”, respondió sobre el concepto de “familia judicial” y por la posibilidad de que la sociedad perciba una falta de independencia de la Corte. Sin embargo, sostuvo que el análisis de una designación debe considerar el desempeño posterior de quienes ocupan los cargos.
En ese sentido, planteó que la discusión no debería agotarse en los antecedentes o vínculos de una persona, sino también en los resultados de su trabajo. “¿Qué es lo que hacemos después con ese cargo? ¿Cuál es nuestra trayectoria? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuáles son los resultados de nuestro trabajo?”, señaló.
La ministra también reconoció que el Poder Judicial arrastra “muchísimas falencias” y que hay trabajadores que cumplen sus funciones, pero también otros casos sobre los que se debe intervenir mediante las herramientas institucionales correspondientes, como los sumarios.
Rosales Andreotti sostuvo que las primeras prescribieron por el transcurso del plazo previsto por la ley y no por una falta de actuación judicial. En cambio, afirmó que en el caso Mansilla la propia Corte ya determinó que se había vulnerado el plazo razonable, debido a que el expediente permaneció durante más de ocho años en un tribunal sin que se realizara el juicio. Según explicó, ordenó investigar las responsabilidades por las demoras y esa actuación se encuentra actualmente en el área de sumarios.
En ese contexto, la ministra reclamó mecanismos más ágiles para responsabilizar a funcionarios judiciales y sistemas de selección. Planteó la necesidad de implementar auditorías externas al Poder Judicial para fortalecer los controles y la rendición de cuentas.
