Los partidos políticos que integran Unión por la Patria expresaron este domingo el “total apoyo" al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones sindicales y sociales que se realizará el próximo 24 de enero en rechazo al “avance antidemocrático” que significan el mega DNU y el proyecto de ley ómnibus.
Unión por la Patria mostró su "apoyo total" al paro nacional del 24 de enero
A través de un comunicado conjunto, las fuerzas políticas del peronismo y del progresismo agrupadas en la principal coalición opositora reafirman el lema “la Patria no se vende” y le reclaman al Congreso nacional que rechace estas dos iniciativas que, según advierten, apuntan a que el presidente Javier Milei pueda ”arrogarse facultades legislativas extraordinarias", es decir, "la suma del poder público” durante todo su mandato.
“Junto a los trabajadores y trabajadoras argentinas, acompañando a todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos que viene sosteniendo el Pueblo argentino a lo largo y ancho de nuestra Patria, rearmamos que LA PATRIA NO SE VENDE y exigimos al Congreso el rechazo de estas iniciativas, tal como promueven nuestros representantes en ambas cámaras”, expresaron.
A su criterio, está en marcha “un intento explícito de avanzar sobre nuestro Pueblo y sus derechos, en claro benecio de grandes grupos económicos, especuladores nancieros nacionales y trasnacionales y potencias extranjeras, que históricamente pretendieron apropiarse de nuestro suelo y nuestros recursos”.
“Tal proyecto de devastación popular y aniquilación de nuestra soberanía tiene al presidente Milei, su Gobierno y sus aliados como brazos ejecutantes y servidores y al endeudamiento perpetuo como su vehículo”, alertaron.
En esta línea, señalaron que “el DNU y la Ley Ómnibus que hoy se debaten en la Argentina, suponen la instauración de un régimen político sin funcionamiento del Congreso de la Nación, sin pluralidad democrática y con un creciente y peligroso aumento de mecanismos represivos y de criminalización de la protesta social”.
En este sentido, subrayaron que el Gobierno de La Libertad Alianza y sus aliados buscan “la destrucción absoluta del sistema de protección social y jurídico de trabajadores y trabajadoras, pequeños y medianos empresarios, productores, profesionales, cientícos y estudiantes de la Argentina”.
También apuntan a “la afectación de las conquistas sociales conseguidas por el conjunto del Pueblo argentino y, en particular, por los sectores más postergados (entre otros, el movimiento feminista), cuyas luchas han dado como resultado avances históricos en la consagración de derechos humanos que hoy se encuentran en riesgo”.