El organismo advirtió que bajar la edad penal no mejora la seguridad y reclamó una ley basada en derechos, evidencia científica y reinserción social.
UNICEF fijó su posicionamiento sobre la Justicia Penal Juvenil en Argentina y pidió que el país avance en la sanción de una ley especializada, alineada con los estándares internacionales, que mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y se abstenga de reducirla.
En el documento difundido en febrero de 2026, UNICEF sostuvo que una reforma del sistema debe garantizar el debido proceso, el acceso efectivo a la justicia y un esquema de sanciones graduales orientadas a la prevención del delito y la reincidencia, incorporando una perspectiva restaurativa y de reparación a las víctimas.
El organismo citó al Comité de los Derechos del Niño, que advierte que entre los 12 y 13 años la madurez cognitiva aún se encuentra en desarrollo, lo que dificulta la plena comprensión de las consecuencias de los actos y de los procedimientos penales. En ese marco, recordó que el Comité recomienda fijar la edad mínima de responsabilidad penal en al menos 14 años y exhorta a los Estados que la tienen más alta —como Argentina— a no reducirla “en ninguna circunstancia”.
UNICEF remarcó que la seguridad ciudadana es un derecho que debe garantizarse sin vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y señaló que la respuesta penal debe contemplar las causas estructurales del delito, como el abandono escolar, los consumos problemáticos, la violencia y la captación por grupos criminales.
El posicionamiento también cuestionó el uso habitual de la privación de la libertad, al advertir que genera entornos de violencia y mayores niveles de reincidencia. En ese sentido, citó estudios realizados en Estados Unidos, Chile y Argentina que muestran que los adolescentes privados de libertad presentan mayores dificultades para la reinserción social, educativa y laboral.
Según datos citados por UNICEF, la participación de adolescentes en el sistema penal es reducida: solo el 2% de las investigaciones penales iniciadas en 2024 en la provincia de Buenos Aires correspondieron a personas menores de 18 años, mientras que el 98% involucró a adultos.
El organismo recordó además que el Comité de los Derechos del Niño recomendó a la Argentina aprobar una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, promover la justicia restaurativa y priorizar medidas no judiciales y alternativas a la privación de la libertad.
Finalmente, UNICEF concluyó que una justicia penal juvenil moderna, basada en derechos, evidencia científica y políticas integrales, contribuye a reducir la reincidencia, prevenir nuevas víctimas y mejorar la seguridad ciudadana.
