Representantes de comunidades indígenas del interior llegaron el miércoles a la Capital para realizar una protesta.
Marcelo Rivera. Secretario del Interior y Pueblos Originarios.
La tensión por la minería se reavivó el miércoles con la marcha del “Malón por el buen vivir comunitario” de las comunidades Diaguitas que reclamó por legislación que proteja el territorio en contra de la explotación. Estos representantes de las comunidades originarias tomaron distancia de los que se sientan a dialogar con el Gobierno.
Hoy en declaraciones radiales el Secretario del Interior y Pueblos Originarios, Marcelo Rivera, marcó que “por jerarquía constitucional las comunidades están protegidas y reconocidas como preexistentes y respetando territorios” y que el país está adherido a distintas normativas internacionales que las protegen. Además, aseguró que "hay un fuerte diálogo”.
Dijo que “el Ejecutivo provincial tiene la preocupación de realizar conectividad, rutas, caminos y llegar con salud y educación, pero claro, el esfuerzo a veces no alcanza y están en todo el derecho de solicitar mejoras en su calidad de vida”, consideró. Agregó que la protesta fue recibida “con respeto” y negó que las comunidades no sean escuchadas.
“Conversamos con ellos y no es la primera vez. Lo que pasa es que en la mirada de desarrollo de provincia puede haber diferencias cuando ellos se declaran antimineros”, aclaró. “Es una posición distinta de la política provincial. Esto tiene que ver con proyectar la provincia al mundo y desarrollar la economía con la riqueza que la provincia tiene”, expresó Rivera.
En este sentido, resaltó que la provincia cumple con la consulta previa y obligatoria y que “por lo que se desarrolla en el mundo la minería es posible cuando hay control, cuando hay consulta previa y se respeta los impactos ambientales”.
En otro punto, aseguró que “se transita el territorio de las provincias, se visita a las comunidades” y citó los distintos recorridos hechos junto al Gobernador.
“En distintas oportunidades se recorrió y visitó a las comunidades, en Laguna Blanca, Antofagasta de La Sierra, Antofalla, Villa Vil, lo hacemos con el Ministerio de Minería. Hay un fuerte diálogo con las comunidades y se los entiende”, expuso.
Finalmente, analizó que la preocupación de las comunidades está en la incertidumbre “porque el Gobierno nacional no ha planteado la prórroga de la ley que los ampara y es lógica la protesta”, pero que “Catamarca no tiene competencia en algunos casos con códigos de fondo, esto tiene que ver con normativas” sobre las cuales la provincia no puede legislar.
