Transportistas rechazan una tasa de $25 mil en Tinogasta
La Cámara de Transporte puso en duda la legalidad del cobro y advirtió por el impacto sobre la economía regional y el empleo.
4 de junio de 2026 - 13:01
La Cámara de Transporte de Catamarca cuestionó la legalidad de una tasa municipal aplicada en Tinogasta y advirtió sobre el impacto que tendría en la actividad productiva y el empleo. El reclamo volvió a instalar el debate en torno a la denominada “Tasa por Servicios Ambientales y de Preservación de Infraestructura Vial Urbana frente a Carga Pesada”, un tributo que el municipio tinogasteño exige a los vehículos de gran porte que ingresan al ejido urbano y que actualmente asciende a $25.000 por unidad.
Multimedios El Abaucán informó que desde el sector transportista crecieron las críticas hacia las autoridades municipales y el Concejo Deliberante por sostener una medida que consideran perjudicial para una de las actividades clave de la economía regional, en un contexto marcado por la crisis económica y el aumento de costos operativos.
La medida generó fuertes cuestionamientos por parte de empresarios y trabajadores del transporte, quienes consideran que se trata de una carga económica adicional en un contexto donde la actividad enfrenta aumentos permanentes en combustibles, repuestos, mantenimiento, seguros e impuestos.
La controversia tomó mayor dimensión luego de que el presidente de la Cámara de Transporte de Catamarca (CTC), David Elías Nieto, remitiera una nota formal al presidente del Concejo Deliberante de Tinogasta, Mauro Argañaraz, solicitando la revisión inmediata de la normativa y planteando serias dudas sobre su legalidad.
Según el documento presentado, la tasa municipal presentaría “graves inconsistencias jurídicas” y podría entrar en conflicto con normas nacionales e incluso con acuerdos internacionales vinculados al transporte terrestre.
Uno de los puntos más cuestionados es que el cobro se realiza por el simple ingreso al ejido urbano, independientemente de la existencia de una prestación concreta o de un servicio específico brindado al transportista. Para los referentes del sector, esto convierte al tributo en un gravamen al tránsito más que en una verdadera tasa retributiva.
Las críticas también apuntan directamente a las autoridades municipales y a los concejales, a quienes se les reclama una mayor sensibilidad frente a la realidad económica que atraviesan quienes viven del trabajo y del transporte. Desde distintos sectores consideran que resulta contradictorio hablar de desarrollo, inversiones y crecimiento productivo mientras se implementan medidas que incrementan los costos de quienes abastecen comercios, industrias y emprendimientos de toda la región.
La preocupación no se limita únicamente a las empresas transportistas. Especialistas advierten que cada nuevo costo aplicado al transporte termina trasladándose a la cadena comercial, impactando finalmente en los precios que paga la población. En otras palabras, lo que comienza como una tasa para un sector específico puede terminar afectando el bolsillo de toda la comunidad.
Otro de los aspectos señalados por la Cámara de Transporte es que el cobro por ingresar al ejido urbano podría interpretarse como una especie de peaje encubierto, sin una contraprestación específica y sin una infraestructura concesionada que justifique dicho pago. Según el informe técnico presentado, existen antecedentes jurisprudenciales que han declarado inconstitucionales figuras similares.
Mientras tanto, crece el interrogante sobre el rol del Concejo Deliberante, que hasta el momento no ha dado respuestas públicas contundentes frente a los planteos formulados por el sector transportista. La falta de definiciones alimenta el descontento de quienes consideran que las autoridades deberían priorizar medidas que favorezcan la producción, el empleo y la competitividad regional.
Desde la Cámara de Transporte sostienen que mantener esta tasa podría generar consecuencias negativas para empresas locales y regionales, afectando la competitividad del sector y poniendo en riesgo fuentes laborales en un escenario económico ya de por sí complejo.
La discusión quedó instalada y ahora la mirada está puesta sobre el Municipio y el Concejo Deliberante de Tinogasta, que deberán decidir si sostienen una medida cada vez más cuestionada o si avanzan en la revisión de una tasa que muchos consideran un obstáculo más para quienes trabajan y generan movimiento económico en el oeste catamarqueño.
