La norma elimina instancias administrativas duplicadas, reduce plazos y moderniza la publicación de antecedentes. La participación ciudadana se trasladará directamente al Senado.
El presidente Javier Milei decidió avanzar con una reforma del proceso de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial. La iniciativa, elaborada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, apunta a agilizar el trámite de cobertura de vacantes en el máximo tribunal, que actualmente funciona con tres de sus cinco integrantes previstos por ley.
El nuevo régimen reemplaza al Decreto 222/03 y sus modificaciones posteriores, entre ellas el Decreto 267/2024, y busca eliminar duplicaciones administrativas, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos. El Ministerio de Justicia continuará siendo la autoridad de aplicación en todos los casos.
La Corte Suprema atraviesa un escenario de vacantes desde la salida de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la jubilación de Juan Carlos Maqueda a fines de 2024. Actualmente, el tribunal es conducido por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El año pasado, el Gobierno intentó cubrir los lugares con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero no logró reunir los dos tercios del Senado que exige la Constitución.
Eliminación de duplicaciones: se suprime la instancia de publicación de antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas en el Ministerio de Justicia. Esa participación se trasladará directamente al Senado.
Modernización de publicaciones: los antecedentes ya no se difundirán en el Boletín Oficial ni en diarios de circulación nacional, sino en la página web del Ministerio, con plazos más cortos.
Declaraciones patrimoniales: se establece un plazo de cinco días para que los postulantes presenten sus declaraciones juradas bajo la Ley de Ética Pública 25.188.
Control fiscal: la ARCA deberá informar en un plazo específico el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, evitando demoras.
Diversidad eliminada: se suprime la recomendación de contemplar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional en las nominaciones.
El procedimiento constitucional y reglamentario del Senado permanece intacto: audiencias públicas, impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y votación por dos tercios de los miembros presentes. La participación ciudadana se mantiene, pero concentrada en esa instancia.
No todas las voces del arco político aliado acompañan la reforma. La consejera de la Magistratura Jimena de la Torre cuestionó la medida: “La transparencia, la participación ciudadana y el control público no son trabas: son garantías republicanas. La independencia judicial empieza por cómo se eligen los jueces de la Corte”, escribió en redes sociales.