La diputada provincial sostuvo que existen nulidades en el expediente, cuestionó la investigación judicial y pidió que la Cámara analice el caso con toda la documentación disponible.
La diputada provincial del PRO, Natalia Saseta, volvió a referirse al pedido de desafuero que pesa sobre ella y aseguró que el proceso judicial presenta irregularidades que, a su entender, deberían impedir su continuidad.
La legisladora planteó que existe una diferencia entre el proceso judicial y el tratamiento legislativo del desafuero. En ese sentido, explicó que la reciente presentación realizada por su abogado ante la Cámara de Diputados tiene como objetivo incorporar toda la documentación relacionada con la causa para que los legisladores cuenten con un panorama completo al momento de tomar una decisión.
"Queremos que todos los diputados tengan la historia completa de lo que pasó", afirmó Saseta, quien remarcó que no solo debe considerarse el pedido formulado por el juez, sino también las actuaciones y planteos realizados por su defensa durante los últimos años.
Entre los argumentos expuestos, destacó que el denunciante original desistió de la acción penal y sostuvo que esa situación afecta uno de los principales fundamentos que tuvo el magistrado para solicitar su desafuero. Según explicó, la denuncia fue considerada una de las tres pruebas centrales del expediente.
La diputada también rechazó las versiones que indican que el pedido de desafuero lleva seis años sin tratamiento. Según precisó, la causa judicial comenzó hace seis años, pero la solicitud de desafuero fue elevada hace aproximadamente dos años y desde entonces atravesó distintas instancias de apelación y revisiones judiciales.
"El expediente va y viene por las novedades que debemos presentar", señaló, al tiempo que atribuyó las demoras a recursos judiciales vinculados con nulidades, apelaciones y cuestionamientos al debido proceso.
Saseta insistió en que durante la investigación se produjeron irregularidades procesales y sostuvo que algunas de las pruebas incorporadas al expediente fueron obtenidas de manera incorrecta. También mencionó una supuesta notificación defectuosa durante una intervención de la Corte, situación que derivó en nuevas instancias de revisión.
Además, aseguró que el magistrado no avanzó sobre medidas de prueba que había solicitado su defensa y que podrían haber aportado elementos para respaldar su versión de los hechos.
En ese marco, consideró que la causa debería ser revisada por una supuesta "insuficiencia de acción" y cuestionó que continúe un proceso que, según afirmó, se originó en una denuncia posteriormente desistida.
La legisladora también hizo referencia al impacto personal que le generó la prolongación del expediente. "Ya lleva mucho tiempo esta causa y es una situación caótica para cualquier persona", expresó.
Consultada sobre las comparaciones con la situación judicial del diputado Javier Galán, Saseta marcó fuertes diferencias entre ambos expedientes y consideró que no pueden ser analizados bajo los mismos parámetros.
Según manifestó, las acusaciones que enfrenta Galán son de una naturaleza distinta y de mayor gravedad, por lo que entendió que cada caso debe evaluarse individualmente y con acceso a toda la información disponible.
Asimismo, recordó que en otras oportunidades la Cámara de Diputados rechazó pedidos de desafuero impulsados por la Justicia y sostuvo que la decisión final corresponde exclusivamente al cuerpo legislativo. "La decisión del juez no es vinculante de ninguna manera", afirmó.
Por último, reiteró que desde el inicio se puso a disposición de la Justicia, entregó su teléfono celular y realizó las presentaciones correspondientes, aunque consideró que la investigación avanzó sin contemplar elementos que, a su criterio, hubieran permitido arribar a una conclusión diferente.
