sábado 23 de marzo de 2024
Lo presentó Guerrero

Proponen nuevo proyecto para revisar fueros parlamentarios

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero (FT), presentó un nuevo proyecto para reglamentar los fueros parlamentarios. "La práctica parlamentaria lamentablemente ha desnaturalizado el verdadero sentido de las inmunidades hasta transformarlas en un arbitrario valladar para impedir la acción de la Justicia Penal. En determinadas situaciones, se transformó la inmunidad en ilegítima impunidad, en detrimento de los intereses y derechos de toda la comunidad", fundamentó la legisladora. Este proyecto es el tercero que presenta Guerrero sobre la temática, con dos antecedentes que perdieron estado parlamentario.

Entre las limitaciones que se establecen en la propuesta se advierte que las inmunidades previstas en la Constitución Provincial "en ningún caso podrán ser entendidas, invocadas, opuestas ni utilizadas para permitir que un legislador provincial, magistrado o funcionario público eluda la acción de la justicia en causa criminal por delitos comunes, ni impedir, entorpecer, paralizar, suspender o dilatar el inicio o tramitación de la investigación penal preparatoria, la elevación de la causa a juicio, ni la tramitación y culminación del juicio oral y público para la averiguación y sanción de hechos que constituyan delitos".

Además, advierte que estas inmunidades no podrán ser alegadas por funcionarios judiciales para omitir iniciar o demorar investigaciones acerca de delitos en los que se encuentre presuntamente involucrado un senador o diputado, o un magistrado o funcionario sujeto a acusación por vía del juicio político. En este sentido, habilita el llamado a indagatoria para los investigados, y señala que el pedido de desafuero correspondería en el caso de que el implicado no concurriese voluntariamente al acto, estando debidamente notificado y sin que medie causa legítima de justificación.

En el caso de que se solicite un pedido de desafuero, este proyecto de ley establece que la Cámara que lo recibe debe girarlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales o equivalente en la primera sesión posterior al pedido, y a partir de allí fija un plazo de 30 días para que la comisión emita un dictamen y de 60 días a partir del vencimiento de su despacho para que el pedido sea tratado en el recinto.

"El Código Procesal Penal actual no permite siquiera el llamado a indagatoria, con lo cual somete a los procesos judiciales a la imposibilidad de ser llevados adelante, sin practicar ningún acto si no media antes el desafuero", evaluó la diputada en el proyecto.

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