La diputada radical reclamó que la adecuación a la ley nacional sea aplicable en todo el territorio. La comisión que preside Verónica Vallejos volvió a postergar una semana el tratamiento del proyecto.
La diputada provincial Alicia Paz de la Quintana (UCR) rechazó que la reducción de la edad de imputabilidad sea una respuesta al delito adolescente. “Estoy plenamente convencida de que bajar la edad de imputabilidad no es la solución a los problemas”, afirmó en la previa de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados.
Sus declaraciones se dieron mientras la adecuación del régimen procesal penal juvenil a la nueva ley nacional volvió a demorarse. La Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, que preside la diputada Verónica Vallejos, resolvió otorgarle una semana más de tratamiento al proyecto, en un tema que ya se dilató en reiteradas oportunidades.
Para Paz, también es necesario reforzar la prevención y las intervenciones posteriores al delito. La legisladora ubicó la adecuación como el tema central de la jornada y advirtió que el desafío no pasa solo por modificar leyes, sino por garantizar que el sistema funcione en toda la provincia.
La Ley Nacional fijó un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de 14 a 18 años. Rige desde el 5 de septiembre, reemplazó al esquema anterior y exige estructuras y operadores especializados.
La radical recordó que Catamarca cuenta desde 2018 con la Ley 5544, que creó el Fuero Penal Especial Juvenil y su procedimiento. “Estaba muy bien trabajada”, valoró, aunque admitió que ahora debe ajustarse a las modificaciones nacionales.
En ese marco, puso el foco en la infraestructura y los recursos. Planteó que la norma debe ser “realizable” y mencionó la necesidad de contar con centros y equipos especializados. También alertó sobre las dificultades que impone la extensión territorial de la provincia para garantizar una atención adecuada.
“Que la Justicia pueda ser especializada no solo en la Capital, sino también para todo el interior provincial”, reclamó.
El proceso de adecuación comenzó en julio, cuando la comisión se reunió con representantes del Tribunal Penal Juvenil. En ese encuentro se fijó como meta actualizar la ley provincial antes del 5 de septiembre. Sin embargo, la norma nacional entró en vigencia sin que la Legislatura hubiera aprobado cambios. En aquel momento, Vallejos había reconocido que se trataba de un tema “largo y extenso”.
El proyecto en análisis lleva la firma de la legisladora Mariel Argerich. Según explicó Vallejos, el texto se revisó junto a los magistrados del fuero penal juvenil, con el objetivo de adaptar el articulado a la realidad catamarqueña. A partir de esas consultas se incorporaron modificaciones técnicas. La principal extiende hasta los 21 años el alcance del abordaje penal en el ámbito provincial.
La titular de la comisión destacó además que los jueces especializados recorren escuelas y clubes con charlas de concientización. Las actividades buscan informar a adolescentes y familias sobre los alcances de la ley y sobre el rol de la contención familiar ante infracciones cometidas desde los 14 años.
La iniciativa de adecuación seguirá bajo revisión técnica durante los próximos días, antes de bajar al recinto para su tratamiento definitivo.
La iniciativa busca establecer un sistema de justicia juvenil especializado, proporcional y respetuoso de los derechos humanos, orientado a la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Mantiene y reorganiza el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con jueces, fiscales y equipos técnicos interdisciplinarios, y exige que los procesos se interpreten según la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad y las Reglas de La Habana.
El texto fija que los menores de 14 años no son punibles en ningún caso y promueve la desjudicialización. Para eso prioriza el criterio de oportunidad, la mediación penal, los acuerdos conciliatorios, la suspensión del juicio a prueba y la remisión, que aparta al joven del proceso.
La libertad del adolescente será la regla durante todo el procedimiento. La prisión preventiva, en centros especializados, no podrá superar los cuatro meses, prorrogables de manera excepcional por un período similar. El proyecto prohíbe además las penas perpetuas y establece un tope de 15 años de prisión.
Para los delitos con penas de hasta tres años, la cárcel deberá reemplazarse de manera obligatoria por medidas socioeducativas, como servicios comunitarios, reparación del daño, reinserción escolar o laboral, asistencia a programas o monitoreo electrónico.
