La medida fue ordenada por la IGPJ tras la solicitud de un socio y la denuncia de una empleada del bar que funciona en el lugar. La resolución entiende que existió juego clandestino y violencia de género.
La Dirección General de Persona Jurídica ordenó la intervención del Club Social 25 de Agosto y designó para dicha tarea a Luis Alfonso Batalla y a Luciana Luna Aguirre, quienes podrán incluso convocar a asamblea normalizadora previa autorización del organismo. La medida responde a un pedido realizado por un socio tras la acusación de una empleada del bar que funciona en el lugar, quien denunció situaciones de acoso, violencia y la realización de juegos clandestinos por parte de los socios.
Según consta en la resolución de la IGPJ, la Sub Gerencia Legal y Técnica de CAPRESCA y una inspección realizada por el propio organismo, han concluido que en las instalaciones del club se podrían haber estado llevando a cabo actividades relacionadas con juego clandestino, lo que representa un ilícito y se aparta de los propósitos del club determinados en su estatuto.
Además, esta resolución considera que el Club Social “se desvió de sus fines” y también hay intervención de CAPRESCA por juego ilegal. El dictamen indica: “Después de corroborar la situación actual del Club Social 25 de Agosto, este Departamento Jurídico entiende que el objeto social de la entidad se ha visto alterado en cuanto a su creación, función y finalidad de la instrucción, conforme al estatuto de la entidad, más aún existiendo violencia de género a las trabajadoras del Bar Caravati, algo moral y jurídicamente reprochables, que deben ser prevenidos, erradicados y sancionados”.
Estipula que “surge claramente que el objeto social de la entidad está viciado en cuanto a la finalidad de la entidad Club 25 de Agosto conforme a lo destacado ut supra (el estatuto de la entidad) en su articulado nro. 4”.
La Asociación de Fundaciones Civiles y Fundacionales, confirmó que la entidad se encuentra en situación irregular como consecuencia de no haber subsanado observaciones efectuadas al acta de asamblea llevada a cabo en 2022.
Debido a esto se ordenó su intervención por el plazo de 30 días, en la que los normalizador podrán solicitar los libros y bienes y toda documentación referida a la asociación, elaborar inventarios, proceder a la reapertura para sumar socios y solicitar la ratificación de los socios anteriores. También podrá establecer la cuota social y hasta solicitar la realización de una asamblea normalizadora.
En caso de asamblea, la actual dirigencia comandada por Arturo Navarro, y los normalizadores no podrán formar parte de las listas que se presenten.
La resolución lleva en medio del conflicto entre Navarro y el propietario del Bar Caravati, Esteban Cano, por la locación del lugar.
