La Justicia federal le ordenó ayer al Ministerio de Capital Humano que garantice la continuidad de los programas alimentarios que brindan los comedores comunitarios, al encontrarse "en riesgo" el derecho a la alimentación de amplios sectores sociales.
El juez Walter Lara Correa consideró que la política pública para asegurar el derecho a la alimentación "se apoya en distintos planes y programas que requieren la articulación y coordinación con provincias y municipios y no sólo a través de la transferencia directa de ingresos a las familias".
La medida interpuesta por el magistrado fue en el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la que se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps.
La decisión del juez está vinculada con programas como el plan Argentina contra el hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad y los compromisos internacionales asumidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que establecen la entrega de alimentos a comedores y espacios comunitarios.n