La crisis de una de las empresas históricas del negocio argentino de electrodomésticos ingresó en una etapa decisiva.
La firma que opera Musimundo lo hizo ante el Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia, Chaco, en un intento por frenar el deterioro financiero, ordenar sus deudas y evitar una liquidación desordenada de sus activos.
La presentación judicial, que tramita bajo el expediente «CARSA S.A. s/ Concurso Preventivo», fue comunicada al mercado este martes 6 de julio mediante un informe enviado por la propia empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Posteriormente, según relató IProfesional, fue ratificada por la totalidad de los accionistas en una asamblea que también se llevó a cabo el mismo día y en la que se explica que la decisión se tomó después de que la compañía admitiera que ya no estaba en condiciones de afrontar regularmente sus compromisos financieros.
Precisamente, el dato que terminó por precipitar la presentación judicial fue el rechazo de cheques por falta de fondos por aproximadamente $1.593,4 millones. A eso se agrega la existencia de otros cheques de pago diferido con fechas de presentación hasta el 31 de octubre de 2026 por un total de $2.480 millones.
La documentación societaria no permite establecer si el monto de los documentos ya rechazados está completamente fuera de esos $2.480 millones o si existe alguna superposición entre ambas cifras. Por ese motivo, no corresponde sumar automáticamente ambos montos como una deuda adicional de casi $4.100 millones.
De todos modos, la situación de la dueña de Musimundo es todavía más grave que una cantidad de cheques rechazados. Así lo demuestran datos financieros disponibles utilizados por Moody’s Local Argentina que hacen mención a un pasivo total de CARSA de aproximadamente $63.503 millones, frente a los $54.874 millones y $44.822 millones registrados en períodos anteriores comparables.
La compañía venía, por lo tanto, acumulando no solamente pérdidas sino también una creciente presión sobre su estructura financiera. Ahora, el concurso preventivo aparece ahora como la última herramienta de la conducción para intentar evitar que la crisis de liquidez termine en un desmembramiento de la compañía.
La dimensión de la crisis se entiende mejor al observar el recorrido de CARSA durante las últimas décadas. La empresa nació en Chaco y construyó una de las mayores redes comerciales del negocio de electrodomésticos del interior del país.
Durante su período de expansión llegó a operar más de 100 puntos de venta y su dotación se ubicó por encima de los 2.000 empleados.
En su presentación institucional histórica, la propia compañía se definía como una empresa con más de 100 puntos de venta, mientras que durante la crisis de 2018 informó públicamente que contaba con más de 2.000 colaboradores.
Ese tamaño quedó lejos de la realidad actual si se tiene en cuenta que el propio sitio institucional del grupo informa que CARSA mantiene presencia comercial en Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y Buenos Aires.
La operación se concentra en el norte argentino y forma parte de un grupo que también posee actividades vinculadas con logística y fabricación y venta de colchones y sommiers. La reducción de la red volvió a quedar expuesta este año cuando la compañía convocó a una asamblea para analizar una oferta por la transferencia de 45 sucursales.
La operación era de tal magnitud que Moody’s Local Argentina colocó en mayo pasado la calificación de CARSA en revisión a la baja. La calificadora advirtió que, si la transferencia se concretaba en los términos planteados, la empresa dejaría de operar esos activos y destinaría los fondos obtenidos a cancelar compromisos.
Ese dato ya mostraba la profundidad del problema: la discusión ya no giraba solamente alrededor de conseguir financiamiento o renegociar vencimientos, sino de desprenderse de una parte sustancial de la estructura comercial para conseguir caja.
A la caída del consumo agregó la competencia de mercadería ingresada ilegalmente al país, la reducción de los márgenes comerciales provocada por una mayor oferta de productos importados, las dificultades generales del mercado de consumo masivo y los problemas de abastecimiento de productos considerados esenciales para la operación.
La empresa también hizo referencia a una reconfiguración de la matriz productiva argentina que, según su interpretación, beneficia a sectores poco intensivos en empleo mientras golpea a actividades tradicionales vinculadas con el comercio y el consumo.