En la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, el actual diputado provincial y precandidato a diputado nacional Luis Lobo Vergara solicitó una interpelación para la ministra de Trabajo Verónica Soria, por la polémica que se encendió entre los gremios de los trabajadores a raíz de la supuesta mala liquidación de los sueldos en la administración pública. El pedido del diputado Lobo Vergara no lugar, pero advirtió que no declinará su postura.
En declaraciones al programa Mañana es hoy de Radio Ancasti 98.5, Lobo Vergara se mostró “sorprendido” ante la negativa de sus pares. “Hay un estrépito en la provincia de Catamarca por el tema de la liquidación de sueldos, planteo que viene haciendo la asociación APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control seccional Catamarca) desde hace más de un año y medio y que se está dilucidando, entendiendo de que es así la mala liquidación de sueldos”, comentó Lobo Vergara.
Mencionó que maneja la información de que “hay más de 14 mil presentaciones individuales y otras colectivas y todas están cajoneadas”, por lo que “el Gobierno no ha respondido como corresponde”.
En esa línea, señaló: “Tuve la iniciativa de hacer este pedido de interpelación para que venga la ministra y pueda dar las explicaciones de por qué el Estado no responde conforme corresponde, que lo pase a Asuntos Jurídicos y emitan un dictamen y que el Estado se exprese al respecto”.
Agregó que “sorpresivamente la mayoría oficial de la cámara ha impedido que ingrese el tema” y que “esto en la práctica es tratar de tapar el sol con la mano”. No obstante lo ocurrido hoy, seguirá con su postura porque entiende que “se tiene que resolver la cuestión y ver si tiene razón el Gobierno o el bloque de diputados que lo han planteado”.
“Lo voy a ingresar por sistema y deberá ser incorporado la semana que viene, pero bueno. Esto se inscribe en las acciones del Gobierno tendiente a tapar todas las cuestiones que deberían resolverse en la administración pública provincial y no sucede”.
APOC reclama una diferencia salarial del orden del 26% al 30% de los sueldos de la administración pública provincial y municipal.