La diputada de La Libertad Avanza defendió las auditorías nacionales y apuntó contra el defensor del Pueblo Dalmacio Mera y el juez federal Guillermo Díaz Martínez.
La diputada provincial del bloque La Libertad Avanza, Laura Quintero, se pronunció tras la decisión de la Cámara Federal de Tucumán de revocar el fallo que había ordenado la restitución de pensiones no contributivas por invalidez suspendidas bajo el Decreto 843/24 y sostuvo que el debate de fondo es garantizar “control y transparencia” en el sistema.
El tribunal hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y dejó sin efecto la sentencia dictada por el Juzgado Federal Nº2 de Catamarca, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, que había declarado de carácter colectivo la demanda iniciada por la Defensoría del Pueblo de Catamarca y ordenado restituir los beneficios en un plazo de 24 horas.
Entre los argumentos, la Cámara sostuvo que la Defensoría carecía de legitimación para actuar contra un organismo nacional y que no existía homogeneidad fáctica suficiente para tramitar el caso como acción colectiva, ya que la situación de cada beneficiario debía evaluarse de manera individual.
En una publicación en su cuenta de Facebook, Quintero afirmó que “durante años usaron las pensiones por discapacidad como caja política” y que se otorgaron “sin controles y con fines electorales”, lo que, según expresó, dejó “un sistema desordenado y desfinanciado” y puso en riesgo el beneficio de quienes realmente tienen una discapacidad.
La legisladora defendió el proceso de auditorías impulsado por el Gobierno Nacional y consideró que el fallo de primera instancia fue “más político que judicial”. Además, sostuvo que la Cámara marcó “errores jurídicos graves” al advertir que no puede ordenarse una restitución masiva sin revisar cada caso en particular.
También cuestionó al defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, al señalar que “se excedió en sus facultades e intervino donde no debía”, y lo acusó de actuar con “selectividad política”. En la misma línea, apuntó contra Díaz Martínez por haber acompañado el planteo “sin competencia y sin análisis individual”.
El fallo de la Cámara fue firmado por los jueces Mario Rodolfo Leal, Ricardo Mario Sanjuan y Marina Cossio, con la disidencia de Fernando Poviña, quien entendió que la cuestión debía declararse abstracta ante la sanción de una nueva Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad que modificó el marco normativo vigente. “La discusión de fondo es simple: queremos un sistema con control y transparencia para que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan, o volver al modelo clientelista que usó este beneficio para comprar votos”, concluyó la diputada.
