Mientras en Estados Unidos avanza la recolección de pruebas sobre el manejo de fondos de la entidad, la mayoría de las causas en el país entraron en una meseta.
Mientras fiscales estadounidenses avanzan en la recolección de información sobre el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las causas que investigan a sus máximos responsables permanecen prácticamente paralizadas en la Justicia argentina, según informó el diario La Nación. En los tribunales atribuyen las demoras a maniobras de operadores vinculados a Claudio "Chiqui" Tapia y a su tesorero, Pablo Toviggino.
De acuerdo con esa publicación, durante seis meses se desplegó una estrategia para concentrar distintas causas sensibles en el juzgado de Alejandro González Charvay, en Campana. El proceso comenzó a fines del año pasado, cuando el magistrado logró apartar al juez Marcelo Aguinsky, que había avanzado con medidas de prueba, con el respaldo del camarista Alberto Lugones. A partir de entonces, Charvay incorporó otros expedientes vinculados a la AFA.
Entre ellos, según el informe, una causa que tramitaba el juez federal Luis Armella, vinculada a allanamientos sobre el empresario Javier Faroni y sobre sedes de la AFA, de la que surgieron los contratos con la firma TourProdEnter que le permitieron a esa compañía recaudar al menos el 30% de los ingresos de la AFA en el exterior con escaso control.
También habría absorbido una causa de Santiago del Estero, en la que el fiscal Pedro Simón pidió la detención de Tapia y Toviggino tras analizar el entramado societario del tesorero. El juzgado de Campana no logró, en cambio, quedarse con el expediente que llevan la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario, donde están las pruebas remitidas desde Estados Unidos.
La maniobra se interrumpió un día antes del inicio del Mundial, cuando la Cámara en lo Penal Económico dispuso que el expediente conocido como "de la mansión" pasara de manera urgente a la jueza María Verónica Straccia. Al evaluar la actuación de Charvay, el tribunal consideró que no se habían producido avances procesales relevantes en la causa.
El traspaso quedó nuevamente en suspenso tras una decisión posterior de la Cámara de Casación, que resolvió abrir un recurso de queja para analizar el caso, a través de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Ese mismo tribunal había determinado poco antes que la cuestión de competencia debía resolverla la Cámara en lo Penal Económico, lo que reabrió las dudas sobre el proceso.
En paralelo, el empresario Javier Faroni -que habría recaudado cerca de 300 millones de dólares en Miami por orden de la AFA- impulsó en Estados Unidos un pedido para que los jueces que autorizaron la entrega de más de 3.000 páginas de información bancaria prohibieran su uso en las causas penales argentinas, a través de una "protective order".
Un juez del estado de Georgia habría hecho lugar parcialmente a ese pedido, aunque solo respecto de uno de los cinco bancos que entregaron la información. El fiscal Diego Velasco, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), sostuvo que esas pruebas de todos modos podrían obtenerse por otras vías.
Las maniobras judiciales también afectaron el expediente de Santiago del Estero, donde se analizó en detalle el entramado societario de Toviggino y sus vuelos privados, entre ellos uno realizado en julio de 2021 entre Miami y Buenos Aires junto al empresario de seguros Jorge Giani.
El único expediente que, según el informe, avanzó de manera sostenida es el que instruye el juez Diego Amarante, en el que Tapia y Toviggino fueron procesados por evasión. Sus defensores buscan revertir esa decisión ante la Cámara de Casación, instancia en la que hasta el momento perdieron todas las apelaciones presentadas.
