La UCR rechazó el proyecto de Falsas Denuncias impulsado por Losada
La Oficina Especializada en Violencia de Género del radicalismo cuestionó la iniciativa de la senadora y advirtió que desalienta las denuncias y debilita el acceso a la Justicia.
La Oficina Especializada en Violencia de Género de la Unión Cívica Radical se reunió este martes en el Comité Nacional para analizar el proyecto de Falsas Denuncias presentado por Carolina Losada, senadora santafesina perteneciente al partido centenario, y evaluar su impacto en el acceso a la Justicia y en los derechos de las víctimas. Mediante un contundente documento, rechazaron de forma enérgica la iniciativa que ya cuenta con dictamen, así como las modificaciones que circulan extraoficialmente para intentar acercar posiciones. El texto fue firmado por todos los presentes y elevado al órgano de conducción nacional comandado por Leonel Chiarella.
Según resolvió el plenario, el proyecto no fortalece el sistema de Justicia, sino que constituye un "nuevo intento de desalentar el derecho a denunciar, debilitar el acceso a la justicia y retroceder en los estándares de protección de derechos alcanzados por nuestro país". Una posición que choca con la historia del partido, espacio que se destacó como protagonista en la construcción del sistema argentino de derechos humanos mediante aportes centrales para la reforma constitucional de 1994, la cual otorgó jerarquía constitucional a tratados internacionales, además del impulso a leyes tendientes a proteger a mujeres, niños, niñas y adolescentes, y a prevenir, sancionar y erradicar violencias.
Esa misma tradición hizo que el partido centenario encendiera la alarma en la última marcha del Ni Una Menos al advertir sobre los riesgos de las iniciativas orientadas a desalentar las denuncias y debilitar el acceso a la Justicia. Sin embargo, en el espacio remarcaron que esas advertencias no fueron escuchadas.
En el Senado, Losada busca volver a poner en discusión el proyecto que no logró debatirse antes del receso invernal por falta de acuerdos. Ante la promesa de Patricia Bullrich de concretar una sesión por semana con la intención de incorporar iniciativas de aliados a la agenda, las chances de insistir con el tema vuelven a ser altas, con el objetivo de introducirle reformas directamente en el recinto.
Sobre esas eventuales modificaciones, la Oficina Especializada en Violencia de Género advirtió que "no solo insisten en una orientación errónea, sino que profundizan sus consecuencias" porque, aunque el texto ya no mencione expresamente las denuncias por violencia de género, mantiene el mismo efecto intimidatorio sobre quienes recurren al sistema judicial para denunciar hechos de violencia.
Según datos del Observatorio de Violencia de Género de Ministerios Públicos, las falsas denuncias son un fenómeno marginal dentro del sistema penal argentino , a diferencia de los femicidios, las violencias por motivos de género, el maltrato y el abuso contra niños, niñas y adolescentes. Por eso, desde la entidad advirtieron que "el verdadero problema de nuestro país no son las falsas denuncias; son las violencias que permanecen silenciadas".
Respecto a las infancias, incluso considerando la existencia de subregistros, el maltrato se mantiene como el factor determinante para el alejamiento de niños y adolescentes de sus entornos familiares. Datos de la Oficina de Violencia Doméstica porteña correspondientes al primer trimestre de 2025 revelan que los propios progenitores fueron señalados en el 80% de las presentaciones. Ante este panorama, el espacio sostuvo que desarticular o desfinanciar los esquemas de contención e intervención en las escuelas, el sistema sanitario y los organismos de desarrollo social no solo ignora la situación, sino que obstaculiza la construcción de entornos seguros para los menores.
Este escenario se agrava en un contexto en el que el Gobierno debilita las políticas públicas y las personas ven dificultado el acceso a sus derechos. La mayoría de las "víctimas de violencia nunca denuncia (en el caso de las mujeres , solo 1 de cada 4 lo hace)" y "la falta de servicios especializados y de atención estatal son las principales causas del silencio", por lo que la respuesta institucional no puede consistir en nuevos obstáculos.
Por todo esto, el documento concluye con la reafirmación del compromiso radical con el Estado de Derecho, el derecho a denunciar, la tutela judicial efectiva y la protección integral de las víctimas, al tiempo que exhorta al retiro de estas iniciativas legislativas que, lejos de fortalecer la justicia, desalientan la denuncia, debilitan la participación ciudadana y favorecen la impunidad.
