La diputada provincial Alicia Paz de la Quintana (UCR), solicitó al Gobierno provincial que se ajuste a las nuevas normativas en la temática de la discapacidad, y que las políticas en tal sentido se aborden desde la perspectiva de Derechos Humanos.
Mediante un proyecto de Resolución, la legisladora solicita al Poder Ejecutivo Provincial el cambio de área de la Dirección de Discapacidad, para que pase a integrar el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, brindándole una mayor jerarquización.
Actualmente el organismo depende del Ministerio de Salud, pero de acuerdo las nuevas tendencias, en los últimos años se viene observando un cambio de paradigma en el tratamiento de la discapacidad. “El correlato de este cambio es un nuevo marco jurídico internacional basado en el modelo social de la discapacidad, según el cual ésta obedece a causas preponderantemente sociales y no a razones médicas, biológicas o religiosas, instaurando así un nuevo mandato de acción para los Estados, según lo establece el artículo 1, segundo párrafo de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad (CDPD)”, señala la diputada en sus argumentos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que este modelo “implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas”.
Asimismo agrega la diputada Paz, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece los principios generales que han de observarse a fin de cumplir con las obligaciones estatales en la materia. “Estos principios comprenden el respeto de la dignidad y la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”.