El interbloque de Juntos por el Cambio expresó en la últimas horas su “enérgico repudio a la actual política minera basada en ejes ‘netamente rentistas’ y que sólo representa ‘los intereses de las empresas en detrimento de los intereses de las y los catamarqueños’”, según señalaron en un documento difundido.
El malestar opositor es por la intención del Ejecutivo provincial de apurar el tratamiento legislativo de los compromisos firmados por la Provincia con las empresas mineras Liex (Proyecto Tres Quebradas) y Galaxy Lithium (Sal de Vida). El escrito señala que se trata de "un tratamiento exprés, sin las garantías mínimas de transparencia y racionalización de los recursos económicos".
En este marco, desde la oposición advirtieron que "el Gobierno detrás de bambalinas, y en absoluta oscuridad, acuerda las condiciones de participación del Estado catamarqueño y los contratos de los proveedores de servicios mineros en la misma mesa de negociación", al tiempo que agregaron que también "ceden los intereses de los catamarqueños en función del monto de los contratos privados con los proveedores mineros amigos".
"Se entregan nuestros recursos a cambio de contratos mineros de empresas afines al gobernador, a los dirigentes y funcionarios del Frente de Todos", sostuvieron los diputados, apuntando a que la actual política minera de este gobierno "promueve las desigualdades, la pobreza, el desprecio por el medio ambiente, la entrega del agua, comprometen la seguridad jurídica y jaquean la licencia social, condiciones sine qua non para el desarrollo sostenible de la actividad minera".
“En función de que en nuestros yacimientos se produce el litio más barato del mundo y junto a la suba de precios del metal, la participación del Estado catamarqueño podría ser mayor al 5% en lugar del 3,5%”, remarcan. Para Juntos por el Cambio se deja en evidencia una vez más que "para el gobernador Jalil los contratos con las empresas amigas son más importantes que el agua, los recursos naturales, las instituciones, los consensos, la política de Estado y los intereses de los catamarqueños".
"Los acuerdos son muy beneficiosos para las empresas mineras, a cambio de tener influencias en la contratación y cartelización de los proveedores de servicios mineros, que someten a los empleados a míseros salarios y condiciones laborales inhumanas, violentando los derechos de los trabajadores y de las comunidades", subrayaron los legisladores.