El funcionario bonaerense indicó que aumentó su endeudamiento, en lugar de bajarlo; incorporó una herencia de $21 millones
El diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete nacional, presentó una rectificación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) en la misma semana en que el fiscal Guillermo Marijuan impulsó una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La nueva documentación, ingresada el 14 de mayo, incorpora una herencia de $21 millones y modifica sustancialmente los datos sobre su nivel de endeudamiento.
La primera versión de la declaración jurada de 2025 señalaba que Adorni había iniciado el año con una deuda hipotecaria de $130 millones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que la misma se redujo a $57 millones al cierre del período, lo que sugería un desendeudamiento de $73 millones. Sin embargo, en la rectificación presentada, el legislador declaró que la deuda inicial era de $45 millones, y que al finalizar el año ascendía a $57 millones, reflejando un incremento de $12 millones.
Desde su entorno explicaron que el crédito está atado a la UVA, cuyo valor se ajusta por inflación, lo que provoca que la deuda en pesos aumente. Precisamente, esa deuda es uno de los ejes de la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que cuestionaba cómo podía haberse reducido en $73 millones en un solo año.
Otro aspecto relevante de la rectificación es la incorporación de una herencia por $21 millones, declarada durante 2025. El documento no precisa el origen ni el detalle de los bienes heredados, lo que abre un nuevo frente de análisis para la investigación.
El fiscal Marijuan solicitó información bancaria, impositiva y patrimonial de Adorni, además de datos específicos al Banco Provincia sobre el crédito hipotecario. Estas medidas buscan determinar si existieron inconsistencias en la evolución patrimonial del diputado.
El abogado del legislador, Marcelo Peña, relativizó la denuncia y sostuvo que “está armada como una hipótesis exploratoria para abrir una investigación, no como una imputación con sustento probatorio sólido”.