La Justicia Federal de Río Grande dispuso la suspensión de la actividad para las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dispuso la suspensión del inicio o la continuidad de las obras vinculadas con Sea Lion, el proyecto de exploración y explotación petrolera ubicado en las Islas Malvinas. La resolución alcanza a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, y llegó a partir de una demanda cautelar presentada ante el juzgado.
La medida ordena frenar no solo las perforaciones y las instalaciones submarinas, sino también cualquier acto financiero orientado a viabilizar la ejecución del proyecto. Según el texto del fallo, las partes actoras habían solicitado que se dispusiera esa suspensión, que se impidieran determinados movimientos financieros vinculados a la obra, que se notificara la existencia del proceso judicial a organismos regulatorios y mercados de valores, y que las empresas demandadas identificaran a las entidades financieras, aseguradoras y demás actores relacionados con el financiamiento del emprendimiento.
La propia magistrada se encargó de aclarar los alcances de su resolución. Explicó que se trata de una medida de naturaleza cautelar, por lo que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas demandadas ni sobre el resto de las cuestiones que forman parte del reclamo principal. Es decir, el fondo del litigio todavía está pendiente de resolución.
Además de frenar las obras, el fallo intima a las compañías involucradas a presentar, dentro de los 10 días de notificadas, una declaración jurada acompañada de documentación que permita reconstruir el estado actual del proyecto Sea Lion. El fallo también dispone limitaciones concretas sobre el manejo económico del proyecto. Según remarcó la jueza, las partes actoras pidieron que se prohibiera a las empresas demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, otorgar préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos o llevar adelante cualquier otro acto financiero destinado a sostener el proyecto.
La jueza Borruto no limitó su decisión a las empresas involucradas. También le requirió a la Cancillería argentina que, en un plazo de 10 días, informe si las compañías mencionadas cuentan o contaron alguna vez con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de una autoridad competente de la Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra tarea vinculada a los hidrocarburos en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos que forman parte de la Plataforma Continental Argentina.
En paralelo, solicitó a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental —dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación— que precise si en sus registros existe algún aviso de proyecto presentado o algún procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado en relación con Sea Lion o con sus eventuales ampliaciones, por parte de las empresas involucradas o de firmas vinculadas a ellas.
También le pidió que informe si se dictó una declaración de impacto ambiental, un certificado de aptitud ambiental o un acto administrativo equivalente y, en caso de que no exista, que comunique al juzgado si ese procedimiento se inicia en el futuro.