En los tribunales Comodoro Py ya hay dos denuncias contra funcionarios y ex funcionarios del gobierno por espionaje político ilegal.
El escándalo por espionaje ilegal, el cual precipitó la salida del ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, llegó a los tribunales federales de Comodoro Py, pues la jueza María Servini de Cubría instruye una primer demanda contra Posse, Santiago Caputo y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori.
La misma fue presentada por el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez. Pero, hay otra denuncia que amenaza con generar un gran escándalo político, la cual llegó recientemente a los tribunales de Comodoro Py, presentada por un importante dirigente político que involucra en su seguimiento ilegal al ex coronel Celestino Mosteirin, ex secretario de Producción de Inteligencia Nacional de la AFI y quien es muy cercano al presidente Javier Milei.
En este sentido, el asesor del líder libertario, Santiago Caputo quedó envuelto en esta trama porque en alianza con Karina Milei venía librando con Posse una dura batalla interna por controlar la AFI y sus ilimitados fondos reservados, cómo reveló el medio La Política Online.
En el escrito de Fernando Miguez, al que la prensa pudo acceder, se pide indagar sobre el uso de fondos reservados de la AFI, los cuales serían destinados a sobornar a periodistas y legisladores, y es por esa razón que también se incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y al vocero presidencial, Manuel Adorni.
Se pide además que la justicia investigue si el gobierno apela a los fondos reservados de la AFI para financiar a la milicia de trolls que despliega en las redes para atacar a los críticos del gobierno, como han denunciado destacados columnistas.
En la presente denuncia también se afirma que Santiago Caputo pasó a conducir las negociaciones por la ley ómnibus, un hecho político real. Pero pide se indague si "a las postrimerías del Encuentro del 25 de Mayo en la provincia de Córdoba se pondría otra vez en funcionamiento ‘la Banelco', cuyos fondos provienen de la AFI" para sumar voluntades en el Senado.
Mientras que señala a Adorni como "pagador de voluntades de prensa".
Es por esta razón que Miguez tendrá que declarar ante la jueza el próximo lunes para ratificar su denuncia, animada a raíz de las intimidaciones contra la diputada Marcela Pagano, quien en reiteradas oportunidades denunció que era víctima de seguimiento de espías de la AFI.