En una carta abierta al Congreso, la Iglesia llamó a preservar la norma que protege glaciares y su rol en el agua dulce.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social difundió una carta abierta dirigida a legisladores nacionales en la que expresó su preocupación ante posibles modificaciones a la Ley 26.639, norma que regula la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
En el documento, el organismo de la Iglesia católica subrayó que la ley fue aprobada con amplio consenso político, social y científico, y la definió como una herramienta clave para resguardar reservas estratégicas de agua dulce en el país.
Por ello, exhortó a “anteponer el bien común a los intereses particulares”, en un contexto en el que distintas voces del arco político plantean revisar la normativa vigente. Los impulsores del cambio apuntan a una aprobación que permita dotar de mayor precisión y eficacia a la ley vigente, sin resignar la tutela ambiental ni el desarrollo productivo.
Para la Iglesia católica, los glaciares cumplen un rol central en el equilibrio hídrico y los describe como “catedrales de agua”, fundamentales para el abastecimiento de poblaciones, el desarrollo de economías regionales y la preservación de ecosistemas.
El texto retoma además conceptos de la encíclica Laudato si', del Papa Francisco, para remarcar que el acceso al agua potable constituye un derecho humano esencial y que su protección debe ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas.
"No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental", dijo la Pastoral en la carta a los legisladores.
Entre los planteos dirigidos a diputados y senadores, la Comisión solicitó preservar y fortalecer la legislación vigente, priorizar la protección del agua y la vida por encima de intereses económicos inmediatos, e incorporar la mirada de especialistas y comunidades locales en cualquier debate sobre la norma.
También reclamó que se respeten compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, vinculados a la participación ciudadana, el acceso a la información ambiental y los derechos de los pueblos originarios.
En el tramo final, la Pastoral Social llamó a los representantes del Congreso a actuar con responsabilidad y visión de largo plazo, en un contexto global atravesado por la crisis hídrica.
"Ojalá quienes intervengan sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares, desde una solidaridad intergeneracional que considere el futuro de nuestros hijos y del planeta, mostrando así la nobleza de la política y no su vergüenza", declaró.
