Corresponde al que presentó semanas atrás, vinculado a la causa por peculado de servicios que le inició su exempleado Iván Luna Avellaneda
La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, mediante Auto Interlocutorio N.º 53, declaró formalmente inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de José Javier Galán contra una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, dictada en el marco de una investigación jurisdiccional.
Para comprender el alcance de la decisión, es necesario señalar que la Cámara de Apelaciones había resuelto parcialmente un recurso presentado por la defensa y modificado una decisión anterior del Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, vinculada con la solicitud de desafuero del legislador.
En concreto, dejó sin efecto el pedido de desafuero respecto de la investigación de los presuntos delitos de amenazas calificadas por el uso de armas y exacciones ilegales. Sin embargo, confirmó parcialmente la solicitud de desafuero para posibilitar su sometimiento a proceso penal en relación con la investigación del presunto delito de peculado de trabajos o servicios.
Frente a esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación ante la Corte de Justicia, invocando una supuesta inobservancia y errónea aplicación de la ley.
Al analizar el planteo, la Sala Penal examinó en primer término si la resolución cuestionada podía ser revisada mediante esa vía recursiva. En ese sentido, recordó que el artículo 455 del Código Procesal Penal establece que la casación procede, como regla, contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al proceso, impidan su continuación o produzcan alguno de los restantes efectos expresamente contemplados por la norma.
Los ministros consideraron que la confirmación parcial del pedido de desafuero por la investigación del presunto delito de peculado de trabajos o servicios no constituye una decisión definitiva, ya que no pone fin a la discusión sobre esa cuestión. Su eventual procedencia se encuentra supeditada a la decisión que adopte la Legislatura de la Provincia.
Asimismo, señalaron que la continuidad de una investigación penal no convierte, por sí misma, a una resolución en equiparable a una sentencia definitiva. Para admitir esa excepción, quien recurre debe demostrar la existencia de un perjuicio concreto, actual y de imposible o difícil reparación ulterior.
En el caso, la Sala entendió que la defensa se había limitado a invocar la posible afectación de garantías constitucionales, sin explicar de qué manera concreta la decisión cuestionada ocasionaba un perjuicio de esa magnitud que justificara habilitar la revisión por vía de casación.
Por estos fundamentos, declaró formalmente inadmisible el recurso interpuesto.
La decisión de la Sala Penal se circunscribe a la admisibilidad formal del recurso de casación. Por lo tanto, no representa un pronunciamiento sobre la existencia de los delitos investigados ni sobre la responsabilidad penal del legislador.
Tampoco supone que se haya dispuesto su desafuero. Respecto de la investigación por el presunto delito de peculado de trabajos o servicios, la solicitud continúa sujeta a la decisión que corresponda adoptar a la Legislatura provincial, conforme a lo señalado en la resolución de la Cámara de Apelaciones.
La Sala Penal está integrada por su presidenta, Dra. María Fernanda Rosales Andreotti, y los ministros Dr. Néstor Hernán Martel y Dra. Rita Verónica Saldaño.