En la localidad de Las Juntas, Ambato, provincia de Catamarca, el pasado domingo, se llevó acabo la primera “Asamblea de Ríos Vivos” organizada por activistas y vecinos de la comunidad. Su objetivo fue revalorizar un bien común vital, escaso y en disputa como es el agua.
En este sentido, el grupo de personas se mostró en contra de la llegada e instalación de la empresa israelí "Mekorot". "Importan el modelo de una empresa que saquea, ocupa y coloniza al pueblo palestino para hacer en Argentina lo mismo. Wado de Pedro ha llegado a justificar estos acuerdos secretos en nombre de una supuesta soberanía. No tiene nada de soberano transformar los territorios en economías de enclave sionistas, no hay soberanía sin acceso a la información, sin consultas realmente libres e informadas" señala el comunicado realizado por los integrantes.
Además, desde la Asamblea detallaron: "El gobierno, como con todos los proyectos extractivos y espurios, no brinda el acceso a la información real. A cuenta gotas, por el esfuerzo y la persistencia de las asambleas es que vamos recogiendo información y armando el rompe cabezas, se filtró que Mekorot puso como requisito la construcción de al menos 4 diques en nuestra provincia, proyectos que el gobierno ya está ejecutando. Mekorot pretende controlar el precio del agua, gestionarla y distribuirla, así como la venta de agua “purificada” de origen residual, al igual que hace en Israel".
"Desde la Red Ecosocialista propusimos seguir motorizando acciones de visibilidad y articulando con el resto de las provincias en la defensa de nuestro bien más preciado, el agua, y echar definitivamente a esta empresa genocida que ya está presente entre nosotros y se oculta con diferentes nombres en nuestra Latinoamérica como en Uruguay (que está sufriendo la peor sequía de su historia), Paraguay, Brasil, y ahora nuestro país. Es por ello que desde el MST en el FIT-Unidad y la Red Ecosocialista decimos que el agua nunca puede ser privada, es un bien común y vital para la vida: por ende, debe ser estatal y bajo administración y control de sus trabajadores y comunidades. Invocamos la ley general de ambiente, el Acuerdo Escazú y la consulta libre, informada, popular y vinculante para que los pueblos decidan y controlen todo" finaliza el documento.