La investigación apunta a un contrato con la empresa USEM SA que habría administrado recursos del gremio. No descartan allanamientos en la sede sindical.
El juez en lo Criminal y Correccional Federal Julián Ercolini podría ordenar en las próximas horas medidas de prueba para determinar la eventual comisión de los delitos de administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita por parte del secretario general de la Unión Obra Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, por el presunto desvío de fondos de los afiliados hacia una empresa propiedad de Soledad Calle, una aparente empleada del gremio.
Las fuentes consultadas en los pasillos de Comodoro Py, señalan que dichas medidas podrían incluir la autorización de allanar la sede gremial en caso de falta de cooperación por parte de los directivos. Según los denunciantes, mediante la firma de un contrato, la conducción de la UOM con Furlán a la cabeza, transfirió la gestión de sus recursos financieros más importantes, incluidos el 20% retenido por el Consejo Directivo como el 80% perteneciente a las seccionales sobre los salarios de los trabajadores, a una empresa llamada USEM SA, propiedad de la mentada Calle, quien a su vez, sería empleada del sindicato y mano derecha del investigado Furlán.
El 18 de marzo, el órgano electoral metalúrgico se reunirá para elegir la nueva conducción nacional del gremio. Furlán llega a la cita en la que buscará su reeleción en medio de un escándalo: además de la denuncia por un presunto convenio irregular entre la conducción nacional de la UOM y una empresa privada, la oposición llevó a la Justicia denuncias de fraude, violencia y padrones alterados en tres seccionales donde el oficialismo gremial se impuso en los comicios.
El contrato además, delegaba en la empresa de Calle el control operativo sobre cuentas bancarias y la ejecución de pagos y la supervisión de los flujos financieros de todas las seccionales. Lo más importante: le otorgaba a USEM SA una comisión del 0,5% de la recaudación total, cifra que se estima en unos 100 millones de pesos por mes. Lo que más suspicacia genera es la cronología de los hechos: USEM SA fue constituida en diciembre de 2022, apenas 60 días antes de recibir la administración exclusiva de los fondos metalúrgicos por un extenso plazo de 10 años.
Además, la composición societaria de USEM SA vincularía directamente al negocio con el entorno de Furlán, dado que los accionistas principales son Raúl Branconi, oriundo de Campana, la misma ciudad del dirigente sindical, y María Soledad "Sol" Calle, ex concejal de Zárate vinculada a La Cámpora y, según la denuncia, empleada actual de la UOM. De hecho, Calle ejerce roles internacionales en nombre del sindicato (en OIT e Industriall) y es considerada una persona del círculo íntimo de Furlán.
Esta estrecha relación explicaría por qué una empresa sin antecedentes en el rubro financiero obtuvo un contrato tan lucrativo y de largo aliento. El documento legal presenta cláusulas que parecen diseñadas para beneficiar exclusivamente a la prestadora del servicio. Mientras que el sindicato está obligado a mantener el vínculo por una década, la empresa cuenta con la libertad de rescindir el acuerdo con un preaviso de solo 30 días.
